Así tolera la Junta de Andalucía la construcción de un sótano en plena playa: seis informes a la basura y una falsedad sin castigo

Las obras del chiringuito Bikini avanzan en Fuengirola con la vista puesta en el verano. Tendrá su sótano, a pesar de que hasta en seis ocasiones alertó el Gobierno central, por medio de la Demarcación de Costas, de que esa instalación en plena playa de Fuengirola no era legal. Costas llegó a advertir a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de que la estaban engañando, y le remitió media docena de informes desde el 28 de abril de 2017 hasta el pasado mes de enero. En esta última fecha, el Bikini ya había comenzado a horadar hasta cuatro metros en la arena.

Hace años que los técnicos del ministerio de Transición Ecológica (antes Medio Ambiente) vienen oponiéndose a decenas de concesiones a chiringuitos en las playas andaluzas, que son dominio público y están cada vez más expuestas a los embates de las olas por efecto de la regresión marina y el cambio climático. Sin embargo, es habitual que la Junta de Andalucía (con competencias desde 2011) ignore estos informes. Tal y como ha informado este medio, el ministerio ha emitido 163 informes desfavorables y ha pleiteado al menos en 32 ocasiones, pero la Junta defiende que puede ignorar sus informes.  

Esta es la historia de cómo un chiringuito se hizo su sótano contra viento, marea y el criterio técnico del ministerio, pero con la connivencia de la Junta de Andalucía.

2 de mayo de 2017. El jefe de la sección técnica marítimo-terrestre de la Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo, un órgano ministerial encargado de velar por la integridad del dominio público marítimo-terrestre, emite su primer informe técnico sobre el chiringuito Bikini en la playa del Castillo, en Fuengirola. El promotor ha presentado una solicitud a la Junta de Andalucía (encargada de concederla o no), y Costas debe pronunciarse. Su opinión es negativa, y lo argumenta: ha operado históricamente sin concesión, y los temporales le han afectado al menos dos veces (en 2011 y 2015), por lo que debería estudiarse su posible reubicación, tal y como prevé la ley de Costas.

Además, se excede de la superficie legal (tiene 290 metros cuadrados cerrados) y el proyecto carece de un estudio de dinámica litoral. Un documento que Costas considera “imprescindible”, especialmente cuando el Atlas de inundación del litoral estima que en esa playa, ya de por sí estrecha, la cota de inundación es de +3 metros, y el Bikini está a dos metros. Por todo esto, la recomendación es reubicar (o, en todo caso, retranquear hasta el paseo) y conceder la concesión sólo por cinco años.

Dos años después, en agosto de 2019, el mismo jefe de sección emite un informe complementario. Se ha dado cuenta de una cosa: el sótano de 150 metros cuadrados que también pretende el Bikini ni preexiste ni está justificado, así que no debería construirse, “al tener un importante negativo sobre la integridad de la playa”. Y previene contra la tentación de comenzar ya la obra: debe aún emitirse otro informe preceptivo por parte del Ministerio.

A pesar de estos reparos, el proyecto avanza y la Junta de Andalucía resuelve a favor de otorgar la concesión el 27 de noviembre de 2020, incluyendo el sótano.

Por entonces, el Gobierno andaluz ya lleva dos años en manos del PP y Ciudadanos, que valoran los chiringuitos como una de las claves de la economía litoral, y han llegado a San Telmo prometiendo regularizar su incierta situación.

Esta nueva predisposición hacia la ocupación del dominio público marítimo-terrestre favorece al Bikini. Sin embargo, Costas sigue considerando que es una concesión “irregular” y el Jefe de Demarcación remite un oficio al Ministerio el 12 de marzo de 2021: el promotor no ha aportado documentación y ha colocado el chiringuito en otras coordenadas, inundables según los documentos técnicos y, de hecho, alcanzada por los temporales en los últimos años. Además, ni siquiera se ha fijado canon.

En junio de 2021, Costas pide a la Junta de Andalucía que anule la concesión, y añade otro motivo: el promotor ha mentido y la administración andaluza se ha dejado engañar. El sótano que Bikini había pedido mantener en realidad no existía. “Dicha afirmación es falsa y supone un engaño a la Administración otorgante que no ha sido detectado por ésta”, subraya Costas, que remite el informe elaborado sobre el terreno por sus agentes.

La Junta de Andalucía sigue adelante y pone fecha para el acta de replanteo: 13 de diciembre de 2022. Y Costas insiste: el proyecto incluye sótano sobre la base de una información falsa. Además, el nuevo Reglamento de Costas ya prohíbe expresamente los sótanos en la playa.

Da igual: un año después, en enero de 2024, Bikini tira abajo el antiguo chiringuito de madera y comienza las obras de la nueva instalación. Las máquinas horadan la arena hasta en cuatro metros y colocando un forjado con reja. En total, vallan unos 1.500 metros cuadrados, cuando la superficie máxima que puede ocupar es de 200 metros cuadrados. Además, usan otros 300 metros para echar toda la arena sobrante. Es entonces cuando Ecologistas en Acción denuncia públicamente la actuación, y este medio y otros se hacen eco.

A pesar de que hasta entonces nada ha servido, Costas pide al promotor que pare y remite a la Junta de Andalucía otro informe sobre el terreno: las obras han comenzado vencido el plazo (un año desde noviembre de 2020) e incorporan un sótano prohibido por la ley. Vuelve a dar igual: la Junta replica que el concesionario solicitó empezar las obras en mayo de 2021 (aunque luego no las empezara hasta enero de 2024) y que el sótano es válido, porque se autorizó antes de prohibirse expresamente por la ley. En cuanto al engaño del Bikini al decir que el sótano ya existía, “se ha considerado que la incongruencia es un error de redacción”, escribe José Antonio Víquez, Delegado Territorial de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía en Málaga.

La administración autonómica sí encuentra un incumplimiento: en realidad, la obra se extiende a 1.800 metros cuadrados, seis veces más de la superficie autorizada, apenas a cincuenta metros de distancia de una excavación arqueológica de la antigua ciudad romana de Suel, a los pies del Castillo de Sohail. La sanción propuesta es de 34.800 euros (reducibles a 20.880 euros si se reconoce la responsabilidad y se paga pronto). Ante las preguntas de la prensa, la Junta informa públicamente del expediente, insistiendo en que ha velado por el cumplimiento de la legalidad.

Nada dice del sótano, que siete años después aparece en la playa del Castillo de Fuengirola como nueva estructura permanente de hierro y cemento.