Más allá de Oltra: la veintena de fracasos de la derecha valenciana por tumbar en los tribunales a rivales progresistas
El PP valenciano ha fracasado en una veintena de intentos de que sus rivales del Pacte del Botànic, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, fueran condenados por un tribunal. El sobreseimiento provisional del juez instructor de la causa que mantenía como investigada a Mónica Oltra, por la que dimitió de su puesto de vicepresidenta valenciana, descabezando así a Compromís de su principal activo electoral, ha abierto un intenso debate sobre la utilización de los tribunales por parte de unos y otros en la contienda política.
Asediados por infinidad de casos de corrupción, los populares valencianos abrieron su propia batalla en los tribunales contra el Gobierno del Pacte del Botànic, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, tras la derrota electoral de 2015. De momento, el PP arrastra la condena al expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, al expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y a su homólogo en València, Alfonso Rus, entre otros muchos cargos. El primer presidente popular en el Palau de la Generalitat, Eduardo Zaplana, está inmerso en un juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción le pide 19 años de prisión.
Tras la derrota electoral, los populares no tardaron en pasar a la acción. Sólo un destacado asesor del partido, Luis Salom, impulsó una quincena de denuncias contra el alcalde Joan Ribó, de Compromís, y sus socios socialistas. Todas fracasaron y el consistorio tuvo que asumir más de 20.000 euros por los gastos de abogados.
Salom fue el caso más extremo durante las dos legislaturas en las que gobernó la izquierda en València, debido al carácter prácticamente compulsivo de sus denuncias. El asesor estuvo investigado en la pieza A del 'caso Taula', relativo a la financiación del PP de Rita Barberá mediante el 'pitufeo', hasta que un polémico auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València tumbó esa parte de la causa.
Una de las causas más largas y complejas fue el 'caso Alquería', en el que el PP ejercía una de las acusaciones populares. El PSPV-PSOE invitó a irse del partido al entonces presidente socialista de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, que fue detenido en 2018 en el marco de la operación comandada por la Fiscalía Anticorrupción. Rodríguez montó un nuevo partido comarcal en Ontinyent, la localidad de la Vall d'Albaida de la que es alcalde desde 2011.
Tras casi cinco años de instrucción y tres meses de juicio, Jorge Rodríguez fue absuelto junto con el resto de los acusados en una contundente sentencia dictada dos días después de las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Ens Uneix, la formación de Rodríguez, se convirtió en la bisagra clave para decantar la balanza en la Diputación de València, la única institución que la izquierda aspiraba a gobernar tras el batacazo electoral.
El alcalde de Ontinyent, muy dolido con la actuación de su antiguo partido, pactó con el PP, que se disculpó por su papel en la acusación popular (le pidió 18 años de cárcel). El desenlace del 'caso Alquería' fue el más representativo del difícil equilibrio entre estrategia política y batalla judicial. Sin embargo, hubo otros casos de menor rango.
En el ámbito de Compromís, el entonces secretario autonómico de Empleo y exedil en el Ayuntamiento de Castelló, Enric Nomdedéu, así como la ex vicealcaldesa, Ali Brancal (que dimitió de su puesto), y el asesor Miquel Torres, resultaron absueltos en 2022 en el llamado 'caso de los sobres', nacido tras una querella del PP.
Por otro lado, un año antes también fue absuelto el exdirector general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, acusado de un delito de falsedad documental en las ayudas al valenciano concedidas a empresas de Francis Puig, hermano del expresidente socialista de la Generalitat Ximo Puig. Se trata de otra causa en la que el PP impulsa la acusación popular. La absolución fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Recientemente, la Fiscalía archivó la denuncia, esta vez impulsada por Vox desde la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana, contra Nuria Enguita, ex directora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). La denuncia provocó la dimisión de Enguita, reconocida gestora cultural.
A la espera de que la Audiencia Provincial de València resuelva los recursos de apelación contra el sobreseimiento provisional dictado para Mónica Oltra, la investigación del caso de las ayudas públicas a las empresas audiovisuales del hermano de Ximo Puig, en el que el PP figura como acusación popular, es la única causa que queda viva de la etapa del Pacte del Botànic. La instrucción del 'caso Azud', de naturaleza bipartidista, abarca tanto al PP como al PSPV-PSOE por supuestos hechos de una etapa anterior a la victoria electoral de la izquierda valenciana en 2015.