Sin castigo para los jueces dañinos
La estrategia de oposición del PP, desde que el resultado electoral del 23 de julio frustró esa llegada al Gobierno de España que daban por segura, consiste en erosionar al ejecutivo de PSOE y Sumar desde cuatro frentes: el del Senado donde el PP tiene mayoría absoluta, el de los gobiernos autonómicos del PP solo o con Vox, el mediático tan en manos conservadoras y el judicial. Y si ya es grave que se use de forma partidista al Senado, las autonomías o la prensa, resulta un cáncer para cualquier democracia que las y los jueces puedan utilizarse como ariete para quitar de en medio a políticos y derrocar gobiernos.
Esta semana el mantra que lanza el PP y amplifican sus voceros mediáticos es que el partido de Feijóo denunciará ante los tribunales al presidente Sánchez en relación al trabajo de su mujer. Un medio público como Telemadrid ha difundido un bulo sobre la consorte de Sánchez cuando la noticia real se refiere a otra mujer que se llama igual.
Amenazar con los tribunales es la guinda de la polarización política con Congreso y Senado enfrentados con sus comisiones de investigación de la corrupción en la compra de mascarillas. El foco se ha encendido sobre la mujer de Sánchez para intentar contrarrestar el escándalo fiscal del novio de la presidenta madrileña Ayuso.
La cuestión es, ¿cómo separar "legítima investigación judicial" de lawfare que es “la utilización abusiva o ilegal de instancias judiciales, manteniendo apariencia de legalidad, para inhabilitar o causar el repudio público de un oponente político”? Algo sufrido, por ejemplo, por el entonces expresidente brasileño Lula da Silva que fue encarcelado e inhabilitado para disputar la presidencia al fascista Jair Bolsonaro por el juez Sérgio Moro, nombrado ipso facto ministro de Justicia en pago a ese servicio, hasta que se demostró que la condena era falsa y Lula pudo volver a presentarse a la presidencia que hoy de nuevo ostenta.
Para disuadir de incurrir en mala praxis judicial, partidista o negligente, esta debe tener consecuencias. Existe, por supuesto, el delito de prevaricación, que es aquel “en que incurren jueces o magistrados al dictar una sentencia o resolución injusta a sabiendas de su injusticia”. Pero el “a sabiendas” debe ser, entiendo, la grieta por la que escapar, por la dificultad probatoria.
Para quienes no somos ni jueces ni magistrados “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”. En justa correlación con eso, la comisión de una injusticia por un juez o jueza, de una injusticia señalada luego por tribunales superiores, de una injusticia con graves consecuencias, incluso cometida sin que sea “a sabiendas”, no debería quedar impune. Por supuesto debe ser preceptivo resarcir a la víctima, pero también sancionar al juez/jueza que ha cometido la injusticia, no por afán punitivo, sino para que aprenda de su error y, en adelante, trabaje con el rigor y acierto necesarios.
Doy por hecho que a muchas juezas, jueces, magistradas, magistrados les chirriará mi propuesta, la considerarán estigmatizadora o innecesaria, por la resistencia humana y universal a vernos fiscalizados en nuestros desempeños. Pero entenderán sus señorías que el sistema de garantías y protección también debe protegernos de aquellos de su gremio que cometen daños individuales y colectivos.
Daños tan graves como los sufridos por los políticos Mónica Oltra y Alberto Rodríguez, que se vieron despojados de sus condiciones respectivas de vicepresidenta y consejera de Igualdad de la Generalitat Valenciana y de diputado del Congreso cuando eran, ella, la líder de Compromís, él, miembro de Podemos. Pasado el tiempo resulta que este abril el juez instructor ha archivado la causa por supuesto encubrimiento de abusos a una menor tutelada abierta contra Mónica Oltra por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana porque “no existen indicios de la comisión de delito alguno”. Y en relación a Alberto Rodríguez, en febrero, el Constitucional sentenció que el Supremo ha cometido “un desproporcionado sacrificio de sus derechos políticos”.
Dicho lo cual, ¿quién le devuelve a Oltra y a Rodríguez los puestos que ostentaban? ¿Quién restituye a los ciudadanos que los votaron el derecho a que una y otro los representen? ¿Cómo se repara el daño reputacional y la pérdida de votos a sus partidos? Las respuestas son “nadie” y “en modo alguno”. Y todo ello, ¿con qué coste para los jueces y magistrados que, si no prevaricaron, se equivocaron tan gravemente? Si aquí la respuesta es “con ninguno” o “con uno tan ridículo que pueden seguir actuando así”, mal vamos.
Un reciente atropello judicial impune no debe pasar inadvertido por ser ajeno a la política. Se trata del caso del abusador sexual y ex decano de Educación de la Universidad de Sevilla que fue condenado a 7 años y 9 meses de prisión por delitos continuados contra tres profesoras, pero se libró de la cárcel, pues la Audiencia Provincial le rebajó la pena a 2 años y 8 meses culpando a las víctimas de tardar en denunciar. Ahora el Constitucional rechaza esa rebaja de condena y sentencia que el delincuente sexual Santiago Romero debió cumplir sus casi 8 años entre rejas, pero como ya ha cumplido la sentencia de menos de 3 años de la Audiencia, el dictamen del Constitucional será meramente “declarativo”.
Las tres mujeres sufrieron los abusos de su decano y jefe entre 2006 y 2010. Los abusos quedaron probados en la sentencia de 2017 del juez Luis Javier Santos que incluye estas frases: “Tienes que follar más, que estás muy flaca”; “la abrazó de manera efusiva para, a continuación, bajar las manos hasta tocarle los glúteos mirándola de manera lasciva”; “en una ocasión una profesora se agachó a coger algo, momento en que él la empujó con el pie diciendo ‘esta es una puta, qué se va a esperar’”; “le cogió la mano y venciendo la resistencia que ella le ofrecía, la colocó sobre sus genitales”; “la besó en varias ocasiones en la boca venciendo la resistencia de la víctima”.
La Audiencia en 2019 le rebajó la pena, a pesar de seguir considerando probados los abusos y que, para forzar a las víctimas, las amenazaba con frustrar sus carreras, vetar sus tesis e impedirles entrar en grupos de investigación y las obligaba a firmar a medias investigaciones hechas por ellas. Era un atropello evidente y por eso ya en 2019 publiqué aquí el artículo 'Premio Gordo al ex decano abusador'.
Los tiempos judiciales son lentos –no solo por su garantismo– y ha habido que esperar cuatro años para que el Constitucional dé ahora la razón a la profesora y víctima que ha perseverado en buscar justicia. No es de recibo que ella deba contentarse con la victoria moral de esta sentencia declarativa. No es de recibo que los magistrados de la Audiencia de Sevilla se vayan de rositas, como gracias a ellos se ha ido el decano abusador.
De asuntos de este calado, entre otros muchos clave para mejorar el sistema judicial, debería estarse ocupando un Consejo General del Poder Judicial paralizado por la anomalía democrática de ir ya para 6 años caducado.
Se detecta una mala salud del sistema judicial, puntal de la democracia, y para sanarlo necesitamos la implicación de sus profesionales en todas las instancias, desde las universidades donde ocurren hechos intolerables como la censura, esta semana, por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla de una conferencia sobre el genocidio en Palestina a cargo de la relatora ONU Francesca Albanese, al etiquetarla como “acto político”, justo una semana después de autorizar unas conferencias de Vox donde con la excusa de hablar de demografía se acabó estigmatizando a los migrantes.
La ponencia de Albanese y de dos psicólogos palestinos en Sevilla separados de sus familias sufrientes en Gaza fue reubicada en la facultad de Psicología. Y al día siguiente, otra conferencia, en este caso en el Paraninfo, de la directora de la agencia ONU para Palestina (UNRWA) en España, Esther Martí, apuntó a otro posible lawfare: “Justo a las dos horas de la admisión a trámite de la denuncia por genocidio de Sudáfrica a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, cimentada sobre informes de la situación en Gaza de UNRWA, Israel lanzó la acusación de que 12 miembros de UNRWA colaboraron con Hamás en los atentados del 7 de octubre”.
La ONU, de forma cautelar, los despidió y a final de mayo publicará su informe sobre la existencia o no de indicios de culpabilidad. Pero si al final son inocentes, si Israel está acusando en falso ahora a 450 trabajadores de UNRWA de ser miembros de Hamás, desacreditando a esta entidad de esforzado trabajo durante 75 años, ¿cómo se resarcirá que 18 países, con EEUU a la cabeza, hayan retirado su financiación a quien evita el exterminio palestino justo ahora que hay que pararlo?
Frente al embate nacional e internacional a la democracia, urge una justicia protegida de lo que finge serlo justo para destruirla.