AMLO promete a indígenas de Pahuatlán cambiar la ruta del gasoducto Tuxpan-Tula
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a impedir que el gasoducto Tuxpan-Tula pase por la zona indígena del municipio de Pahuatlán, ante la disputa legal que se mantiene para concluir la obra.
Lo anterior, derivado de que habitantes de la región de Pahuatlán exigieron al presidente de la República la cancelación del gasoducto y otros llamados 'proyectos de muerte'. López Obrador sentenció:
"Sí les digo aquí en San Pablito, Pahuatlán, aunque tengamos que pagar, pero no va a pasar el gasoducto por los cerros sagrados y no vamos a aceptar esas condiciones; vamos a proponerles otros trazos que no afecten las zonas sagradas".
En la gira de trabajo por San Pablito el mandatario dijo que los proyectos de gasoductos fueron heredados del pasado gobierno federal y bajo condiciones "leoninas" que ponen en desventaja a la autoridad, pues se establece que aunque los proyectos no se construyan el gobierno federal debe pagar a las empresas responsables de realizarlos.
Apuntó que por ello se revisa el estatus de cada uno de éstos a fin de renegociar las condiciones y sus trazos, pero insistió que aunque el gobierno tenga que pagar por obras no realizadas no se va a permitir que un gasoducto afecte las zonas sagradas de las comunidades indígenas.
Desde principios de 2018 el proyecto se encuentra detenido por un amparo que obtuvieron a finales del 2017 tres poblaciones indígenas de los municipios de Pahuatlán y Tlacuilotepec, Puebla.
El proyecto, anunciado en 2015, buscaba llevar gas natural desde la costa de Veracruz hasta Hidalgo, y de ahí distribuirlo en la zona central del país para la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Restan por construir 19 kilómetros de la obra de 263 km (250 del ducto), es decir, el seis por ciento del proyecto en el que se invirtieron 400 millones de dólares.
El gasoducto consiste en un tubo de 36 pulgadas que tendrá una capacidad contratada de 886 millones de pies cúbicos diarios, y debería haber entrado en operación desde marzo de 2017; sin embargo, aún no hay un acuerdo con los pobladores.