Jorge O. Moreno: Economía, instituciones y derechos en medio de una crisis mundial
Ante la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud de la alerta de pandemia como resultado del creciente número de casos detectados de pacientes contagiados y en riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19, la respuesta de los mercados fue lo que muchos esperábamos y habíamos anticipado: agresiva, instantánea e implacable.
Los ajustes y la pérdida de valor en los mercados de valores a nivel mundial obligaron a tomar medidas de emergencia, y en el caso de la Bolsa de Valores Nueva York y de México, detuvieron sus actividades, inicialmente por 15 minutos, para contener la magnitud de las caídas en sus indicadores que en algunos casos acumulaban ya pérdidas del ocho al 12 por ciento. Para dar una idea de la magnitud de lo anterior, y suponiendo que una economía tuviera a bien crecer el uno por ciento anual, esa caída equivale a perder en unas cuantas horas el valor acumulado de crecimiento en productividad de casi 10 años.
En México, de la mano de lo anterior, las reacciones de los mercados tuvieron como consecuencia adicional el ajuste, también inmediato, del tipo de cambio el cual rompió su máximo histórico, y se ubicó en niveles superiores a los 22 pesos por dólar, simultáneamente que los mercados nacionales asimilaban la guerra de precios en la producción de petróleo de los países de la OPEP que desplomaban su valor a niveles no vistos en años, y que activaron e hicieron efectivas las coberturas adquiridas en el precio de esta mercancía en medio de una crisis en Pemex por los niveles de pérdidas en utilidades que siguen cuestionando su capacidad operativa de largo plazo.
Difíciles son los tiempos en los cuales se encuentra nuestro país, económica y políticamente, pues más allá del riesgo del COVID-19 y de los abruptos ajustes de los mercados nacionales e internacionales derivados de la pandemia, debemos añadir la enorme irresponsabilidad en distintos ámbitos de gobierno quienes no sólo mostraron incapacidad de anticipación y prevención ante el complicado escenario actual, sino que continúan gobernando desde la ideología de lo que debería de ser y no desde la realidad y evidencia de lo que es.
En días pasados, y en medio de la enorme crisis que atraviesa el sistema de salud público que sigue sin contar con mecanismos claros que compensen las pérdidas de los programas Prospera y Seguro Popular, la Cámara de Diputados hizo modificaciones para elevar a rango constitucional la operación de los programas públicos impuestos por el gobierno federal de la presente administración; programas que siguen sin mostrar siquiera resultados medibles y comprobables de su eficacia pero que conllevan factores cuya combinación son un retroceso en el ejercicio de nuestra política pública: mayores obligaciones fiscales, creciente destrucción de instituciones sociales, y mayor concentración y menor transparencia en el ejercicio de los recursos que se convierten, de facto, en asistencialismo dirigido.
Contrario a la opinión de muchos, la economía no es una “religión” que predique, de acuerdo con algún dogma vigente o de moda, una solución única y exclusiva de todos los problemas sociales, ya sea a través de la solución descentralizada de los “sabios mercados”, o de un “todopoderoso estado” fuerte y benefactor que concentre todo poder correctivo en políticas automáticas y sistemáticas cuya operación se aprenden en un manual, en forma de un modelo de libro de texto.
Todo lo contrario: un economista sabe que la construcción de una sociedad próspera se fundamenta primordialmente en la protección de las garantías individuales de libertad e igualdad a través de la creación y preservación de instituciones sociales que van del individuo (tradicionalmente denominado en su función como “consumidor”), pero incluyen a la familia, la ciencia, las empresas, así como también lo constituyen, por construcción, los mercados y la creación de un estado institucional que, de manera organizada y eficiente, garantice los derechos fundamentales de sus ciudadanos los cuales representan para el estado obligaciones contractuales en su provisión.
Las instituciones, por su humana naturaleza, son imperfectas, pero son perfectibles. Sustituir instituciones que proveían servicios fundamentales como la salud en sus distintas dimensiones (prevención, diagnóstico, atención, y seguimiento), por programas sociales cuyo funcionamiento ha mostrado ser deficiente y que son, en el mejor de los casos, cuestionables, fue un grave atentado en contra de los ciudadanos, quererlos perpetuar constitucionalmente es un error, haberlo hecho en las condiciones actuales de vulnerabilidad y violencia vivida por todos sus ciudadanos, como una manera de enmendar errores, es impresentable e indefendible.
Las leyes obligan, y la protección de todos los derechos de nosotros como ciudadanos, requieren instituciones que garanticen su protección y provisión efectiva, de lo contrario son letra muerta.
La desinstitucionalización del estado mexicano, y la reorganización del poder en torno, una vez más, a un partido o persona, es un terrible retroceso en el desarrollo social de nuestro país, y se da en el peor de los escenarios posibles: uno en donde la capacidad de anticipación y reacción por parte de las autoridades es fundamental para salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos, y el costo económico de su negligencia no se mide en dinero sino en vidas humanas.
Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL.
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