Caso del asesinato de la activista Berta Cáceres: ¿La defensa intenta retrasar el juicio?
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David Castillo, director ejecutivo de la empresa eléctrica hondureña Desarrollos Energéticos, formuló una historia alternativa para contrarrestar la evidencia que, según los fiscales, lo vincula con el asesinato en 2016 de Berta Cáceres, una activista del medio ambiente que luchó para detener uno de los proyectos hidroeléctricos de DESA.
Los investigadores han estado tirando de los hilos sueltos.
El ejecutivo, que ha negado cualquier implicación en el asesinato, se encuentra en prisión a la espera de juicio en Tegucigalpa, la capital del país, desde hace casi dos años y medio. Los abogados defensores de Castillo argumentan que los mensajes electrónicos que envió, que ocupan un lugar destacado en el caso en su contra, fueron intencionalmente mal manejados y mal interpretados por la principal experta telefónica de la fiscalía.
“Y le sorprenderá que hayamos encontrado más evidencia de que ella manipuló más llamadas y más datos telefónicos”, asegura Castillo sobre la experta en una entrevista desde prisión.
Sus abogados le han pedido al juez que preside el caso que admita pruebas de sus propios expertos telefónicos, en un intento por socavar las transcripciones de los mensajes de la fiscalía. La audiencia preliminar en el caso se ha retrasado repetidamente por tales peticiones, contramociones y aplazamientos de la defensa, lo que ha retrasado su posible fecha de juicio.
Los partidarios de Berta dicen que les preocupa que sea una estrategia, una táctica dilatoria que busca retrasar la justicia el tiempo suficiente para que Castillo sea liberado. Han desafiado públicamente su contranarrativa de que era amigo cercano de Berta, y lo etiquetaron como una ficción tejida por un hombre que, según ellos, comenzó a construir su coartada incluso antes de que mataran a Cáceres.
Si bien el procesamiento de Castillo permanece en el limbo, otras siete personas –incluidas algunas con las que se le acusa de conspirar– han sido condenadas por ayudar a planear y ejecutar el asesinato de Berta. En diciembre pasado fueron condenados a entre 30 y 50 años de prisión.
Su condena fue considerada un logro significativo para los tribunales hondureños, un ejemplo de justicia en un lugar donde el concepto a menudo ha sido esquivo. Pero la familia y los seguidores de Cáceres no han estado celebrando.
Semanas después de dictadas las condenas, el Gobierno hondureño anunció que buscaba mil millones de dólares para la construcción de 54 nuevos proyectos hidroeléctricos en todo el país. Bertita Isabel Zúñiga, la hija de Cáceres, dice que el anuncio solo energizó sus esfuerzos para asegurarse de que Castillo sea juzgado.
A medida que avanzaba su caso, se abrieron nuevas líneas de investigación. El foco de los fiscales ya no son solo individuos como Castillo: son las instituciones las que, dicen los investigadores, permitieron e incluso alentaron la violencia que mató a Cáceres.
Visite la página de nuestra serie Río de Sangre para más información sobre la investigación del asesinato de Berta Cáceres.
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