Diputada de Morena propone prohibir preventa de departamentos en la CDMX
La diputada de Morena Paula Soto presentó una propuesta al Congreso de la Ciudad de México para reformar la Ley de Desarrollo Urbano y el Código Civil locales que prohíbe la preventa de inmuebles en la capital.
La iniciativa busca evitar que las desarrolladoras de vivienda celebren contratos de compra-venta sin contar con los permisos de ocupación correspondiente a cada obra.
Soto aseguró que cada vez es más común ver prácticas fraudulentas por parte de estas empresas al edificar más de un piso o departamento autorizado, aún cuando en las preventas las viviendas se venden a un menor precio en comparación a cuando están terminadas.
"Las constructoras o desarrolladoras involucradas en el fraude suelen desaparecer, o simplemente se desatienden de la situación, causando un irreparable daño económico, legal y moral a las personas compradoras de estas viviendas", dijo.
La autorización para el uso y ocupación de la construcción es el documento que avala que un inmueble se encuentra 100 por ciento habitable y constituye al propietario o poseedor como responsable de la operación y mantenimiento de la obra.
Al respecto, Yuri Zagorin, presidente de la Canadevi Valle de México, agregó que la iniciativa sería un duro golpe a la industria, pues encarecería la vivienda, media y residencial, hasta un 40 por ciento. Además aseguró que sería contraria a las iniciativas del Gobierno de Claudia Sheinbaum para promover la vivienda de menor valor.
“Simplemente entendiendo lo que implica te puedo decir que sería un golpe muy fuerte si se llevara a cabo, totalmente en el sentido opuesto de lo que nosotros como Cámara queremos hacer y lo que el Gobierno quiere hacer que es hacer vivienda más económica”, agregó.
La legisladora Paula Soto agregó que a pesar de que la vivienda es un derecho universal, es inadmisible que esta sea aún inaccesible para muchas familias mexicanas.
Destacó que además de esto, algunos enfrentan problemas con algunas desarrolladoras por abusos en los permisos de construcción, por lo que cuando se ordena la demolición de las viviendas no autorizadas, pueden incluso perder su patrimonio o embarcarse en una larga batalla legal.
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