Desplazados por la guerra en Siria temen más a morir de hambre que al COVID-19
Tras años de conflicto en un país ya quebrado, el desafío es comprar pan y sustento para los suyos. El gel, los cubrebocas y otras medidas de prevención son simplemente un lujo. La pandemia sigue en aumento en los campos de desplazados del noroeste de Siria, que se han convertido en una enorme prisión.
Debido a que las cifras de COVID-19 en el noroeste de Siria han aumentado de forma constante desde julio, las autoridades locales han impusieron un bloqueo limitado a partir del 6 de noviembre para ayudar a ralentizar la transmisión.
En los campos de desplazados, la población tiene que adaptarse a la nueva situación aunque todavía se enfrenta a una crisis económica y la lucha no ha cesado.
"Con el nuevo coronavirus, sé que salir de casa es un riesgo, pero no tengo otra opción", dice Kamal Adwan, de 25 años, que vive en un campo para personas desplazadas en el noroeste de Siria. "Por muy aterrador que sea el virus, no puedo dejar a mi familia sin comida".
Para Kamal, el único sostén de una familia de 15 miembros, las repercusiones económicas de la pandemia son más mortales que la pandemia en sí. Antes del COVID-19 y sus restricciones posteriores, Kamal solía encontrar trabajo en sitios de construcción siempre que surgía la oportunidad. Aunque nunca fue un trabajo estable, hizo todo lo posible para mantener a su familia.
Hoy, él vive con sus padres y otros 12 miembros de la familia en dos tiendas adyacentes en el campo de Abu Dali. Huyeron de su ciudad natal en la provincia rural de Hama en febrero de 2019 tras ser objeto de fuertes bombardeos.
Al 4 de noviembre, los casos de COVID-19 habían llegado a 7 mil 59. Un día antes se registró el mayor número de casos diarios hasta la fecha, con 524. Los tres laboratorios de la zona que actualmente procesan las pruebas realizan en su mayoría menos de mil al día en total.
“Cuando escuchamos por primera vez sobre el coronavirus, pensamos que era un rumor, o nada más que una gripe estacional”, dice Kamal. "Ahora sé que este virus no es una broma y me está afectando directamente".
Muchos de los 16 mil residentes del campo de Abu Dali viven con sus familias en tiendas de campaña abarrotadas, algunas tan pequeñas como de seis metros cuadrados. Proporcionamos atención médica en este campo, donde nuestros equipos trabajan en varios campamentos para personas desplazadas en el noroeste de Siria. Más de dos millones de personas han sido desplazadas de sus hogares en los últimos años y ahora viven en la gobernación de Idlib.
En los campos superpoblados, el riesgo de transmisión de COVID-19 es alto y el autoaislamiento es difícil, si no es que imposible. Lavarse las manos con regularidad también es un desafío, ya que muchas personas dependen del agua recolectada de tanques compartidos.
“Mi principal preocupación es alejarme lo máximo posible de cualquier persona con sospecha de COVID-19”, cuenta Kamal. "El campo está abarrotado y esconderse del virus ha sido un desafío".
Umm Firas, de 39 años, comparte la situación de Kamal. Ella es el sostén de su familia, después de que su esposo resultó gravemente herido en un ataque aéreo en su casa hace más de un año, dejándolo medio paralizado e incapaz de trabajar.
Hace solo unos meses, Umm Firas ayudó a su esposo y a sus nueve hijos renovando las tiendas de campaña de las personas dentro del campamento y arreglando sus colchones y sábanas. Ahora tiene que equilibrar la necesidad de ingresos de la familia con los riesgos de salir a trabajar.
"Dejé de salir de mi tienda para protegerme a mí ya mi familia, pero a veces me veo obligada a ir a buscar trabajo. Siempre tengo miedo de contraer el virus y contagiarlo a mis hijos, pero ¿qué más puedo hacer?", señala.
De los nueve hijos de Umm Firas, solo tres hijas solían ir a la escuela. Las escuelas del noroeste de Siria tuvieron que tomar medidas para reducir los riesgos de transmisión: se pidió a los estudiantes que usaran máscaras faciales, que se pueden comprar en las farmacias locales por una lira turca, pero esto está fuera del alcance de muchos padres.
"La profesora solía pedirles a mis hijas que se pusieran máscaras, pero ¿qué esperas que digan?" cuenta Umm Firas.
“Nunca he comprado una mascarilla, apenas puedo comprar pan. Cuando tengo la opción, siempre voy por el pan", remarca.
Al no poder pagar los cubrebocas, algunos padres dejaron de enviar a sus hijos a la escuela. En algunos centros educativos, los maestros estaban tratando de encontrar soluciones, como permitir que los estudiantes usaran telas viejas para cubrirse la cara.
Ahora, con el cierre planificado para una semana, todos los lugares donde se reúnen multitudes, como mercados públicos, universidades y escuelas, están cerrados y las pequeñas tiendas de comestibles, aunque farmacias y clínicas locales permanecen abiertas.
Umm Ahmed, de 40 años, también tiene dificultades para hacer frente a esta situación. Oriunda de Qalaat al Madiq, en la provincia de Hama, huyó de su casa con su esposo y siete hijos en 2012 y encontró refugio en Qah, en la provincia de Idlib, durante dos años.
En 2014, se mudaron de Qah a deir Hassan, donde han estado viviendo desde entonces. Los nueve viven en una tienda de campaña de una habitación, incluido su esposo, que está postrado en cama y no puede trabajar.
Umm Ahmed era el único sostén de la familia y trabajaba como asistente de higiene en uno de los hospitales del distrito de ad Dana, al noroeste de Siria, pero se vio obligada a dejar de hacerlo cuando sufrió una insuficiencia renal hace unos meses.
El campamento donde vive alberga a unas 50 familias, todas las cuales comparten un solo tanque de agua y tres bloques de baños.
"Es imposible lavarse las manos con regularidad en el campamento sin ponerse en riesgo", resalta.
A medida que empeora la situación económica de la familia de Umm Ahmed, se le ha hecho cada vez más difícil pagar jabón y detergentes para protegerse a ella y a su familia del COVID-19. Recientemente, recibió un kit de higiene, que contiene jabón, detergentes y baldes, que distribuimos a familias desplazadas en el noroeste de Siria desde abril.
"Todavía hay cosas que podemos hacer para evitar contraer el virus", asegura. “Dejé de salir todo lo que puedo y evito estar cerca de otras personas. Nos mantiene a mí y a mi familia a salvo, pero no puedo prohibir que mis hijos jueguen fuera con los otros niños. Son jóvenes, necesitan jugar y nuestra tienda es muy pequeña. Entiendo que es un riesgo, pero ¿cómo puedo detenerlos?".
Incluso antes del encierro, la vida cotidiana se ha vuelto mucho más cara y muchas personas están luchando por mantenerse a flote.
“A principios de octubre, los mercados, las mezquitas y las escuelas estuvieron cerrados durante algunos días, pero volvieron a abrir poco después”, cuenta Hassan, nuestro gerente de logística. "Mucha gente depende de los mercados para ganarse la vida, por lo que no pueden permitirse el lujo de estar fuera del negocio durante un largo período de tiempo".
Después de años de conflicto, el sistema de salud en el noroeste de Siria también enfrenta desafíos para hacer frente al brote de COVID-19. Hay solo nueve hospitales dedicados a la pandemia para una población de alrededor de cuatro millones, además de 36 centros de aislamiento y tratamiento que brindan atención básica a pacientes con síntomas leves.
“La provincia de Idlib se ha convertido en una enorme prisión: la gente no puede moverse hacia el sur o el norte y está atrapada en el medio”, explica Hassan. “Creen que el virus les llegará a ellos ya sus familias en algún momento. Solo esperan que no los alcance a todos a la vez. El sistema de salud simplemente no pudo tratar a muchos pacientes con COVID-19 a la vez".
Esta nota es de MSF y se publica bajo una alianza editorial con El Financiero para difundir el trabajo de la institución
Médicos Sin Fronteras fue fundada en Francia en 1971 por un grupo de médicos y periodistas. Ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1999 por su labor humanitaria en varios continentes. MSF tiene operaciones en más de 70 países, entre ellos México, donde la oficina se estableció en 2008.
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