Demandarán a contratistas y subcontratistas del Tren Maya

Las denuncias penales podrían alcanzar a un centenar de empresas contratistas y subcontratistas.

EXISTEN CERCA DE 50 procesos judiciales en contra de la construcción del Tren Maya por incumplimiento del gobierno de la 4T.

Pero las denuncias penales podrían alcanzar a un centenar de empresas contratistas y subcontratistas de esta obra faraónica, que ha costado hasta ahora la friolera de 360 mil millones de pesos.

Algunas de ellas son Mextypsa México que lleva Pablo Salazar, Operadora Cicsa de Carlos Slim, Mota-Engil que preside José Miguel Bejos, China Communications Construction Company que representa Chen Bin, amén de Grupo Cosh, Eyasa y Gavil Ingeniería.

Asimismo ICA, que encabeza Guadalupe Phillips, y su filial ICA Constructora de Infraestructura; Azvi que capitanea José María Martínez y Grupo INDI de Manuel Muñozcano.

Proveedores de rieles, apunte a Asimex del Caribe en asociación con Steel Dynamics que preside Mark D. Millet, Angang Group International Panzhihua y Sumitomo.

Las empresas supervisoras de la obra son Senermex de Gonzalo Azcárraga, EGIS de Jesús Muñoz y Triada. Todas ellas, y otras más, figuran en la lista de Fonatur, que aún dirige Javier May, y son susceptibles de investigación y demandas.

La lluvia de denuncias va a continuar, incluso después de que concluya este proyecto insignia porque los daños al medio ambiente y a la vida de las comunidades serán permanentes en materia de agua, clima, tierra y calidad de vida en la Península de Yucatán.

Máxime porque los estudios de impacto ambiental no se hicieron apegados a la ley, y en gran parte de las obras subcontratadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni siquiera existieron.

Las comunidades afectadas no fueron consultadas y las empresas proveedoras del gobierno violaron y violan disposiciones en materia de cumplimento (compliance) de las certificaciones ISO14000 y 14001.

El supuesto blindaje político y legal de la 4T no alcanzará a proteger a los funcionarios cercanos a Andrés Manuel López Obrador, pasando incluso por los generales que comanda Luis Cresencio Sandoval.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) considera un plazo de hasta 12 años para que una persona o una institución, una persona física o moral, sean juzgadas por los daños al ambiente. La ley no exime a civiles o militares, a institución pública o empresa privada.

Los expertos en derecho internacional consideran que las contratistas y subcontratistas que trabajan en la construcción del Tren Maya deben ser juzgadas no solo por la ley mexicana.

También por disposiciones voluntarias como las ISO (International Standard Organization) 14000 y 14001 porque son certificados ambientales que las empresas cumplen con estándares frente a terceras partes.

En México equivale al cumplimiento voluntario denominado “Industria Limpia”.

Una vez contraídos sus compromisos de cumplimiento a nivel internacional se convierten en una herramienta de comprobación que forma parte de su oferta de calidad y honorabilidad de servicios en el comercio.

Entre los expertos ambientalistas existe la convicción de que algunas empresas europeas y asiáticas no aplican en México los estándares de sus países de origen.

Pero tampoco una debida diligencia para cumplir y proteger ecosistemas frágiles o reservas protegidas, como es el caso de la Península de Yucatán con el Tren Maya.

¿SE ACUERDA DE la condena a Actinver de mil millones de pesos por violar el deber fiduciario? El banco de Héctor Madero fue condenado a principios de año a indemnizar a Rafael Zaga Tawil, de Telra Realty. Este expediente tiene su origen en una controversia entre los Zaga y la familia de Moisés El-Mann cuando entregaron a la Fiscalía General de la República un cheque por mil millones de pesos que fue mostrado en una conferencia “mañanera”, el cual amparaba dinero que recibieron por su participación en un contrato del Infonavit. Zaga alega que el dinero era suyo y que sus ex socios, los El-Mann, lo dispusieron indebidamente y demandó la devolución por conducto de un fideicomiso constituido en Actinver. Pero ese banco retiró los poderes de Zaga, quien denunció el ilícito y un conflicto de interés, pues André El-Mann es consejero en esa institución de crédito, que perdió un amparo y fue obligado a constituir una reserva técnica por esos mil millones de pesos. El pleito está subiendo de tono porque ambos bandos están reforzando sus respectivas baterías legales. Los Zaga ficharon al afamado litigante César Omar González, quien ya prepara una serie de nuevas denuncias contra Actinver. Y éste y los El-Mann están sumando a Alberto Bazbaz, el ex procurador y ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Cisen de Enrique Peña Nieto.

OTRA SOCIEDAD FINANCIERA que acaba de entrar a concurso mercantil es Don Apoyo. Trae un quebranto cercano a los 2 mil 200 millones de pesos que arrastró a sus aproximadamente 5 mil clientes. Ayer el Instituto de Especialistas en Concursos Mercantiles, que comanda Edgar Bonilla, designó a Alejandro Vázquez Salido conciliador. El 28 de abril el juez la declaró en concurso y ordenó la visita. Sin embargo, sus administradores impidieron la entrada del especialista. La sofom acusa mal manejo administrativo en el otorgamiento de créditos, principalmente para pequeñas y medianas empresas. Incumplió compromisos de pago de intereses y capital con sus inversionistas desde diciembre pasado. Sus principales directivos son Federico Ramos Francia, Javier Pastrana, Omar Saavedra Boddy y Antonio Zelek. Hoy Don Apoyo está quebrada y nadie sabe el destino de sus recursos. Se cree que se utilizó un esquema tipo Ponzi para defraudar a sus ahorradores. Algunos de sus accionistas son Diadavi, de Daniel Servitje; Daniel Kuri Breña y Grupo Efectivo Práctico de Pedro Solís Cámara.

TODAVÍA NO SUPERA el Banco del Bienestar las observaciones realizadas al contrato que otorgó en 2021 de manera directa a Six Sigma Networks por 480 millones de pesos, cuando la Auditoría Superior de la Federación que lleva David Colmenares puso ya el ojo en un segundo contrato que esta misma compañía, filial de Kio Networks que preside Santiago Suinaga, firmó con la Secretaría de Educación Pública en 2022 cuando la encabezaba Delfina Gómez. Éste último es por 133 millones de pesos para el Servicio de Implementación del Plan de Recuperación de Desastres. Las irregularidades del negocio van desde el procedimiento de adjudicación hasta los costos con los que se ofertó el servicio, por lo que el mismo podría convertirse en una piedra en el zapato para la ahora candidata de Morena para la gubernatura del Estado de México.

PARA NADIE FUE una sorpresa la reciente exoneración de Óscar Navarro, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicna (Segalmex). Lo que sí nadie vio venir fue que el Ministerio Público decidiera ir contra él en las indagatorias que realiza sobre los contratos de la compra venta de leche y crema pasteurizada, toda vez que durante su breve paso por la otrora Conasupo no hizo mayor movimiento que cancelar esos mismos convenios que hoy están bajo escrutinio. Por ejemplo, en lo que respecta al convenio CCV/1115/2019, se decidió rescindir el contrato inicialmente firmado con la empresa “Productora de Leche Don Antonio”. Asimismo se dio parte al área jurídica de la dependencia para que iniciara un procedimiento para cobrar 40 millones de pesos que se le adeudaban por producto ya entregado.