SCJN independiente y garante del orden constitucional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por la ministra Norma Lucía Piña, se ha convertido en el verdadero garante del régimen democrático y del respeto al orden constitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida por la ministra Norma Lucía Piña, se ha convertido en el verdadero garante del régimen democrático y del respeto al orden constitucional, al significarse como un auténtico contrapeso del Poder Ejecutivo federal.

En momentos en que el presidente López Obrador continúa en su labor de zapa de los organismos autónomos o de cooptación de los puestos de dirección, tal como ha sucedido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y ahora el mismo INE, entre otros, en donde despachan funcionarios que se pliegan a los designios del tabasqueño, resurge la SCJN como el ave fénix.

Entre que desparecen instituciones o las dejan en plena inoperancia con mantener pendientes los nombramientos, tal como está sucediendo con el INAI, avanza gradualmente el autoritarismo en México y cuando el horizonte se teñía de negros nubarrones, la SCJN ha recobrado su autonomía e independencia aun a costa de las enormes presiones que padece todos los días desde Palacio Nacional.

No solo se les falta el respeto a los ministros independientes, sino que se incita a las huestes del obradorato para atacarlos verbalmente y falta poco para que lo hagan físicamente, con la complacencia de las autoridades de la Ciudad de México.

Tapizar la puerta principal del recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mensajes de odio y de insultos, se alinea al mensaje presidencial que se emite todos los días en las mañaneras, contra el Poder Judicial, lo que representa un atentado contra la división de poderes y contra la misma integridad de los ministros de la Corte.

A pesar de todos estos embates de odio, se mantienen los ocho ministros independientes en su postura de no doblegarse ante los ataques y de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna.

La anulación del Plan B electoral se debe a los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Ana Margarita Ríos Fargat, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y para sorpresa de muchos, también votó a favor de la ponencia que anula la reforma electoral en su modalidad B, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La votación de los nueve ministros para impedir que entre en vigor el Plan B de la reforma electoral de AMLO es un parteaguas que marca el resurgimiento de la SCJN, que estaba sometida por el entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar, quien nunca ocultó su proclividad al principal huésped de Palacio Nacional, aunque hay que decirlo, con su voto de ayer, se ha empezado a reivindicar.

El nombramiento otorgado por la mayoría de los ministros en favor de Norma Piña, resultó una sabia y valerosa decisión para rescatar al máximo tribunal de los brazos de la 4T.

La ciudadanía debe velar por la seguridad de los ministros y de la SCJN, tal como lo hizo con la megamanifestación realizada el pasado 26 de febrero de este año, en donde cientos de miles de mexicanos salieron a manifestar su apoyo en más de 130 ciudades del país y allende nuestras fronteras.

El renacimiento de una sociedad civil activa fortalece a la misma democracia que no solo debe mantenerse, sino robustecerse en bien de México y de las futuras generaciones.

La pretensión de Andrés Manuel López Obrador por instaurar una dictadura en México es cada vez más evidente y comenzó a gestarse desde el primer día que se sentó en la silla presidencial.

Gradual y consistentemente se han ido acomodando las fichas para recrear a la “dictadura perfecta”, tal como la definió Mario Vargas Llosa, que ejercieron los presidentes emanados del PRI para mantener el poder por más de siete décadas.

A eso aspira AMLO y aunque todavía le falta un poco más de año para que termine su gestión, con la actuación de la SCJN se augura que, además de ser un auténtico contrapeso del poder presidencial, se mantendrá el régimen democrático.

Desde luego, la prueba de fuego serán las elecciones del próximo año en donde estará en disputa la Presidencia de la República en una elección de Estado, que se vislumbra cerrada y con un final de fotografía que obligará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a definir el resultado y si ello se complica, intervendría la SCJN.

A nadie sorprende que se recrudezcan los ataques desde el púlpito de la mañanera contra los ministros, aunque ello servirá tan solo de acicate para cumplir con su toral misión enmarcada en los ordenamientos constitucionales.