Fiscalización superior ante la prevención de desastres
La fuerza de la naturaleza se hizo sentir a principios del año 2024 en Japón; un sismo de 7.6 grados generó daños principalmente en la región de Ishikawa. Al momento de escribir estas líneas, desgraciadamente, la cifra de fallecidos era ya de 55 personas. Por si fuera poco, se activó la alerta por tsunami, razón por la cual fueron evacuadas más de 5 mil personas a zonas altas a fin de evitar más pérdidas humanas.
Japón se ha distinguido por adaptar sus construcciones para hacerlas resistentes ante los embates telúricos, y la población tiene una gran cultura de protección civil, debido a que son una zona altamente sísmica, ubicada en el llamado cinturón del fuego del Pacífico (región de la cual también forma parte México, por cierto).
Podemos pensar que Japón está mejor preparado que otros países donde los desastres naturales han dejado resultados aún más trágicos, con miles de muertes como saldo, como los de Siria, Turquía y Marruecos del pasado reciente o la inundación en Libia. Estos países no tienen desarrollado un sistema de alerta temprana, por lo que la evacuación de los inmuebles se dio justo en el momento en que el suelo se estremecía, además de que (también a diferencia de Japón), la arquitectura de los inmuebles no estaba diseñada para aminorar el impacto de un evento sísmico.
En México hemos sufrido los embates de sismos en muchas ocasiones; quizá la más recordada por las pérdidas humanas y los daños ocasionados sea el terremoto de 1985, aunque el de septiembre de 2017 fue especialmente traumático para varias comunidades y hogares particularmente en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Es indudable que, los últimos cuarenta años, la cultura de la prevención civil ha avanzado en nuestro país; hoy contamos con un sistema de alerta sólido, planes de evacuación, así como la práctica de simulacros, para que todas las personas sepan qué hacer en caso de un evento de esa naturaleza, las técnicas de construcción han mejorado y el impacto ha sido muy inferior a lo que pasó en 1985.
De acuerdo con información disponibles, 10 entidades federativas concentran el 98 por ciento de los daños por sismos (explicable por sus condiciones geológicas y estructurales debido a sus niveles de pobreza). En el caso del terremoto del 19 de septiembre de 2017, las aseguradoras contabilizaron los daños en 1,449 millones de dólares, lo que nos recuerda que, además de las vidas humanas, los desastres causan daños profundos a la economía, lo que también afecta el sostén de innumerables familias. Por otra parte, el año pasado, las tormentas eléctricas ocuparon el primer lugar en los daños causados en el mundo, con un costo aproximado de 100 mil millones de dólares es la primera vez que estos fenómenos meteorológicos ocupan el primer lugar, probablemente debido a los efectos del cambio climático (a mayor abundamiento, cabe resaltar que los costos por daños tienen 30 años aumentando progresivamente).
En este contexto, es importante recordar que en el año 2022 se presentó la iniciativa “Alertas Tempranas para todos” en el Caribe. Esto fue en el marco de la 27° Conferencia sobre el Cambio Climático, y estimó una inversión inicial requerida de aproximadamente 3,100 millones de dólares para establecer sistemas de alerta temprana entre 2023 y 2027. Este sistema busca la reducción de riesgos de desastres, incluyendo modelos de alerta sísmica, monitoreo de volcanes activos, de ciclones tropicales, tsunamis, incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos potencialmente catastróficos.
Por último y de manera esencial, ante los desastres naturales, la labor de fiscalización es particularmente relevante, tarea que asume la OLACEFS a través del Grupo de Trabajo de Fiscalización de Desastres que preside la ASF.