La Constitución de la 4T
Las reformas completarían el ideario de la transformación de México, con el cual AMLO querría ser recordado por la historia.
De las varias opiniones sobre la intención del presidente López Obrador al enviar 20 paquetes de reformas constitucionales al final de su sexenio, me sumo a quienes piensan que, en conjunto con las reformas presentadas y aprobadas a lo largo de cinco años, podrían considerarse como la Constitución de la 4T.
Me parece que el propósito de fondo de AMLO no es para la próxima elección, ni para ceñir a Claudia Sheinbaum a un programa, sino para la próxima generación de mexicanos; las reformas completarían el ideario de la transformación de México, con el cual querría ser recordado por la historia.
Toda Constitución es un instrumento que norma las relaciones entre la sociedad y sus representantes en el ejercicio del poder, guiados ambos por una idea de progreso o proyecto nacional.
En ese sentido, la Constitución es un referente de las expectativas sociales y en la medida en que se satisfacen, lo es también de legitimación de quienes están a cargo del poder; una Constitución que funcione bien, es un factor clave de progreso en equilibrio y de cohesión nacional.
Diego Valadez, muy respetado constitucionalista, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y hoy apoyador del Frente Amplio por México, escribió en 2014, en su columna del diario Reforma, que a partir de los años ochenta (cuando inicia el periodo neoliberal), la Constitución, “Por la frecuencia y por la extensión de sus modificaciones ha dejado de ser un símbolo de la sociedad para transformarse en un instrumento de la élite del poder”.
“La Constitución fue la expresión de los ideales populares; ahora es la expresión de los intereses cupulares. Es un giro que ninguna norma de ese género soporta sin merma de su significado como símbolo de identidad y de cohesión”.
Veía Valadez tres escenarios para la Constitución: “mantenerse en vida latente por tiempo indeterminado, produciendo un déficit de gobernabilidad creciente; ser objeto de una revisión a fondo para imprimirle una orientación democrática radical que permita a la sociedad hacerla suya de nuevo, o ser remplazada por una nueva Constitución”.
Los paquetes que propone AMLO buscan consolidar, a nivel Constitucional, entre una gran diversidad de temas, cuatro programas sociales, universalizar el derecho a la salud y a la educación; eliminar la inmunidad presidencial y el tráfico de influencias políticas, ampliar la democracia participativa, los derechos medioambientales y de protección a la naturaleza, el acceso a internet como derecho social y el acotamiento del Poder Judicial, entre las más importantes.
El presidente sabe, sin embargo, que es poco probable que consiga que el actual Congreso o el entrante en septiembre, apruebe la mayoría de esas reformas, pero representan lo que se imaginó que sería la transformación de México.
Me refiero ahora a la gira de Xóchitl Gálvez por los ámbitos más conservadores de Estados Unidos para pedirles que le ayuden a ganar la elección presidencial. “Yo les pido que estén muy atentos y nos acompañen en este difícil periodo hasta la elección de junio”, dijo en el Instituto México del Wilson Center en Washington.
Republicanos y demócratas de ese país han intervenido en naciones latinoamericanas, promoviendo el derrocamiento de presidentes por vía judicial, como el caso de Dilma Rousseff, en Brasil, o el de Castillo, en Perú y varios más, o el acoso de la fiscalía que ahora mismo padece Gustavo Petro en Colombia; otra forma de intervención estadounidense es apoyando fuertemente las campañas de candidatos que le son afines, como la de Javier Milei en Argentina.
Para atraer la voluntad de la derecha estadounidense, Gálvez aseguró que el gobierno de López Obrador no tiene voluntad de colaborar con Estados Unidos; “fingirá cooperación, pero no cooperará”, pero de ser ella la ganadora de la elección presidencial, México no sólo sería un socio comercial sino un aliado geopolítico y garantizaría soluciones a los problemas bilaterales, porque “ningún otro problema bilateral encontrará soluciones de largo plazo” con el gobierno de la 4T.
Washington se visita ahora para invocar la intervención extranjera y comprometer decisiones de soberanía geopolítica, como en Miramar, el 3 de octubre de 1863.