Lo importante es que México no se convierta en narcoestado
El problema de este sexenio, desde un principio, López Obrador nunca reconoció la gravedad y la profundidad de la crisis de violencia.
Entre la carcelota de Xóchitl o la continuación de la estrategia de abrazos y no balazos de Claudia, sigue sorprendiendo la dificultad que están teniendo las y el candidato a la presidencia de formular una estrategia sensata y efectiva para reducir la violencia e inseguridad en el siguiente sexenio. Y aunque todos apoyamos los programas que atacan la causa de la violencia y la importancia de promover programas de prevención del delito y adicciones, el problema es que la efectividad de estos programas no será palpable por muchos años (asumiendo que estos programas tendrán los recursos y seguimiento necesarios durante los siguientes dos sexenios).
Sin importar quién sea electa presidenta, ella enfrentará un país con un índice histórico de homicidios, violencia en contra de la población y control territorial por grupos del crimen organizado. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador continuará insistiendo que los medios de comunicación y la oposición exagera la situación de violencia en el país, por razones “politiqueras”. Pero los números no mienten: Sin importar cuales números use el presidente para justificar sus comentarios y su estrategia, durante este sexenio han muerto más mexicanos y mexicanas por asesinato. En el sexenio de López hubo un incremento histórico del número de personas desaparecidas. No hay forma de esconder esta realidad.
De hecho, Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano, en una conferencia de prensa esta semana, subrayó cuál es el problema fundamental de la estrategia de López Obrador: “Se ve muy distinto el país desde Palacio Nacional que, desde Guerrero, que, desde Michoacán, que desde Tierra Caliente, que desde la búsqueda de desaparecidas y desaparecidos, que hay que ser empáticos y que no hay que perder la empatía con el dolor de la personas”.
El problema de este sexenio, desde un principio, López Obrador nunca reconoció la gravedad y la profundidad de la crisis de violencia. Y, por ende, cualquier organización o persona que cuestionara los datos y su estrategia de seguridad tenía que ser cuestionado, enfrentado y acosado, incluyendo las víctimas de su fracasada estrategia de seguridad.
Y aunque se entiende que, durante las campañas, las candidatas y candidatos solamente necesitan proporcionar balazos, describiendo en términos generales cómo resolverían el problema de la violencia en el país, hasta la fecha ninguna ha puesto sobre la mesa propuestas que podrían reducir a corto plazo la violencia en contra de la población.
Lo fundamental para el siguiente gobernante será tener prioridades y objetivos claros. Debido al fracaso de la actual administración, la prioridad debería de ser retomar y reducir el control territorial de las organizaciones que tienen literalmente secuestrada a poblaciones y municipios completos mediante extorsión y control de la economía. Una segunda prioridad sería retomar los programas truncados y eliminados, donde se buscaba reducir las desapariciones y apoyar todos aquellos programas para aquellas familias encontraran sus seres queridos.
En este sexenio no solo se tiene que consolidar la Guardia Nacional, como lo subrayó la candidata Claudia Sheinbaum, se tiene que iniciar la transición formal para que esta institución sea una corporación netamente civil. Obviamente fortalecer las policías municipales y estatales tiene que ser uno de los temas que tendrá que abordar inmediatamente la siguiente presidenta, pero esto debería estar acompañado de promesas específicas de porcentajes de recursos y metas de cuánto reduciría la violencia en el país.
Urge un serio debate sobre la ineficiencia de los ministerios públicos a nivel nacional, para implementar una nueva estrategia de procuración de justicia el segundo año de la siguiente administración.
Y pudiera sugerir hojas de prioridades y programas, pero es importante subrayar que todas estas propuestas serán en balde si no se controla el vínculo entre el gobierno federal, estatal y municipal con grupos del crimen organizado.
Y esa debería de ser la promesa más importante que pueden hacer en este momento las y los candidatos para elección popular: No se tolerará cualquier gobernante estatal y municipal que tenga vínculos con el crimen organizado o esté dispuesto a tolerar sus actividades en contra de la población. Me sorprende que hasta la fecha los candidatos no han hecho una promesa, por escrito, ordenando a todos los operadores políticos y los candidatos, que no se tolerará dinero del narco en las campañas y se desconocerán a los candidatos que eventualmente son electos y que se documente que hayan recibido dinero de estas organizaciones.
Porque si no se empieza a detener la influencia que tiene el crimen organizado en los gobiernos estatales y locales, no importa la estrategia de la presidenta, ya que el país será un narco estado, donde ella no gobierna ni controla.