Una politica para IED
El gobierno de Joe Biden está tomando medidas para distanciarse de China y encauzar las inversiones de capital estadounidense hacia aquellos países que se consideran socios confiables (friendshoring).
El autor es Consultor en Políticas Públicas y Comercio Exterior.
Entre las medidas anunciadas la semana pasada por la Casa Blanca que tendrán un impacto económico internacional importante, destaca la promulgación de la ley que otorga 270 días a la empresa china ByteDance para deshacerse de TikTok y evitar su prohibición en Estados Unidos. Los proponentes de esta ley argumentan que TikTok representa una amenaza a la seguridad nacional del país, debido a que la aplicación ofrece al gobierno chino acceso a la información de los más de 102 millones de usuarios que tiene en territorio estadounidense. Este mismo argumento fue citado por el presidente Biden en febrero, como otro motivo para detener la importación de vehículos eléctricos chinos en ese país.
Aunque la aprobación de esta ley fue el resultado de un compromiso político con los republicanos para lograr la autorización del paquete por 95,000 millones de dólares de ayuda a Ucrania, Taiwán e Israel, también es parte de las medidas que está tomando el gobierno de Biden para distanciarse de China y encauzar las inversiones de capital estadounidense hacia aquellos países que se consideran socios confiables (friendshoring). El gobierno norteamericano elaboró una lista con 63 empresas chinas, en las que prohíbe invertir a sus ciudadanos y empresas, debido a su participación en el sector militar chino o por su apoyo a los abusos a los derechos humanos.
Por su parte, el gobierno chino ha prohibido la exportación de los minerales estratégicos con que cuenta en su territorio y que se usan para la producción de instrumentos de alta tecnología, y ayudar a retener a las empresas extranjeras que elaboran productos de alto valor agregado. A su vez, la Unión Europea publicó en enero la propuesta que llevará a sus miembros a revisar los esquemas de inversión extranjera directa (IED), obligando a la revisión de cada uno de los nuevos inversionistas que no pertenezcan a alguno de sus 27 miembros.
Todo esto debería llevar al próximo gobierno mexicano a plantearse como una prioridad el tipo de IED que quiera atraer y establecer una política, como lo ha hecho su principal socio comercial e inversionista. ¿Qué elementos se necesitan para atraer dichos proyectos? ¿Se cuenta con ellos? ¿Son proyectos que pueden generar alguna amenaza o desequilibrio al mercado o al país? Hasta la fecha, la IED se ha considerado un mecanismo que genera empleos y fomenta la competitividad, aunque no se legisló para ayudar a reubicar a quienes perdieron su empleo o cerraron su empresa, como sucedió en otros países que cuentan con tratados comerciales con México, como Japón, Canadá y Estados Unidos.
México captó 36,058 millones de dólares por concepto de IED el año pasado, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la Secretaría de Economía. De ellos, 26,631 (73.86%) corresponden a la reinversión de utilidades de empresas que ya operaban en nuestro territorio, 4,610 (12.78%) a pagos recibidos del extranjero de compañías que tienen plantas operando en otros países y 4,817 (13.36%) de firmas que iniciaron operaciones en este país. La reinversión de utilidades no necesariamente implica la expansión de las instalaciones productivas, utilizándose para gastos operativos, pago de proveedores o como sustituto al crédito doméstico.
Aunque el total representa un récord histórico para México, su composición es por demás atípica y dista mucho de la tendencia histórica, donde los nuevos proyectos y la reinversión de utilidades representan cada uno aproximadamente el 40% del total y los pagos entre compañías el otro 20%. De los 35,292 millones de dólares captados en el 2022, el 48% fueron nuevos proyectos; las utilidades reinvertidas, el 45%, y el pago entre compañías, el 7% restante.
Ahora que Washington analiza posibles restricciones a las importaciones de autos eléctricos y autopartes de empresas chinas ubicadas en México, y que dichas inversiones no siempre son registradas, es el momento para evaluar de manera realista nuestro régimen de IED. Desde hace tiempo, los tratados comerciales no son garantía para atraer nuevas inversiones y menos si no se implementan de manera adecuada. Hay que considerar que la revisión del TMEC en el 2026 se llevará a cabo en un entorno proteccionista que representará varios obstáculos a su continuidad, que no podemos establecer cuánto tiempo durará (nadie ha definido hasta hoy el concepto “revisión”), ni el costo político para que el Congreso de Estados Unidos lo ratifique. De seguir alejándonos de Estados Unidos y con un TMECito, ¿cuál sería la alternativa?