Tráfico de armas hacia México conmueve opinión pública

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29.— Al norte del río Bravo existe un vasto mercado de armas de alto poder y gran letalidad cuyo uso por particulares no tiene justificación alguna: desde ametralladoras hasta lanzagranadas y cohetes antitanque, confirmó el diario mexicano La Jornada según una investigación realizada por el rotativo.

El periódico añadió que aunque los proyectiles de alto poder a la venta se comercializan para colección o exhibición y se encuentran en condición de «inertes» o «desactivados», resulta sencillo reconvertirlos a munición viva, mientras se venden armas automáticas de alto calibre que proceden de piezas dadas de baja por las fuerzas armadas estadounidenses, «y prolifera el comercio de partes para convertir las versiones civiles de fusiles de asalto en material de guerra».

Las indagaciones de La Jornada tienen lugar luego de que la canciller mexicana, Alicia Bárcena, divulgara la existencia de un tráfico hacia México de armas estadounidenses de uso de instituciones militares de aquel país.

Bárcena formuló la denuncia durante un foro interamericano celebrado en noviembre, y alertó que ello tiene consecuencias de seguridad pública que se traducen en vulneraciones del derecho humano a la vida y a la integridad personal, entre otros, además de que influye en el aumento de la violencia, reportó PL.

Las estimaciones indican que cada año se trafican ilegalmente a México 200 000 armas de fuego y ese fenómeno tiene un importante factor transfronterizo (con Estados Unidos) pues, en su patria, la adquisición de armas de fuego por particulares está sumamente controlada, afirmó la Ministra del Exterior.

El Estado mexicano sostiene que esa realidad debe ser considerada por la Corte Interamericana para que, con un enfoque de universalidad e interseccionalidad, analice las lamentables consecuencias que la violencia armada tiene en el disfrute de los derechos humanos en los Estados americanos, dijo.

Sin embargo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó la semana pasada tener información de que  organizaciones mexicanas dedicadas al trasiego de drogas poseyeran armamento del ejército estadounidense, dijo La Jornada.

Su investigación argumentó que aunque en Estados Unidos está prohibida la venta de ametralladoras a civiles desde 1986, más de 741 000 de esas armas quedaron fuera de vigilancia de la oficina encargada del control del tabaco, el alcohol y las armas de fuego (ATF, por sus siglas en inglés), por lo que «artefactos de esta clase siguen comercializándose gracias a los vacíos legales».

A ello, dice, se suma el descontrol que impera en las instituciones militares estadounidenses sobre sus arsenales, según fue reconocido por Gabe Camarillo, funcionario del Pentágono en octubre del año pasado, al afirmar que «Tenemos mucho, y se acumula a lo largo del tiempo».

Ello, afirma el diario, se traduce en una cantidad desconocida de armas robadas o traficadas, algunas de las cuales son usadas posteriormente en la comisión de homicidios y otros delitos.

En este contexto, agregó, las autoridades estadounidenses han sido incapaces de aportar información al Gobierno de México acerca del origen de 221 ametralladoras, 56 lanzagranadas y una docena de lanzacohetes que han sido incautados a grupos delictivos en territorio mexicano, y que presumiblemente proceden de los arsenales militares de Estados Unidos.