Rechanzan en Argentina desmantelamiento del Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas
Un comunicado conjunto de organismos de derechos humanos expresó que la decisión del Ministerio de Defensa busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad
BUENOS AIRES, abril 5. —Organismos de derechos humanos en Argentina rechazaron este viernes el desmantelamiento del Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas.
En un comunicado conjunto, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y el Centro de Estudios Legales y Sociales precisaron que dicho ente fue creado por la resolución ministerial 308 de 2010, la cual establece, además, el acceso irrestricto a las dependencias donde están los documentos.
Esos equipos realizaron aportes fundamentales para esclarecer y juzgar delitos de lesa humanidad. La decisión del Ministerio de Defensa busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad, señala el texto.
Retirar grupos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción de esa cartera del Estado está ahora, en gran parte, a cargo de militares retirados y las máximas autoridades políticas consideran que la investigación del rol de las Fuerzas durante la dictadura (1976-1983) es una forma de hostigamiento y estigmatización, añade.
Además, indica que, mientras cierra un área que aportó a la reconstrucción de la verdad, el Gobierno cuestiona a los organismos de derechos humanos y a la labor de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el Poder Judicial y otras gestiones que sostuvieron la democracia.
¿Dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos?. ¿Dónde están los 300 nietos que aún buscamos? La verdad que nos falta depende en gran parte del acceso a los archivos y documentos. Es urgente que se tomen medidas de preservación para sostener el trabajo en materia de memoria, verdad y justicia, asevera el comunicado.
Asimismo, señala que esas acciones tienen lugar en medio de una ola de despidos masivos en el Estado.
Miles de trabajadores, junto a sus familias, se quedan sin ingresos. En este caso, la medida implica, además, la pérdida de recursos técnicos y conocimientos valiosos, apunta.
Seguiremos exigiendo el acceso a los archivos y la defensa de las políticas públicas que garantizan los procesos de memoria, verdad, justicia y los derechos humanos, concluye.