Libertades civiles y derechos constitucionales en entredicho
Durante años y periódicamente una parte de los debates legislativos y políticos en Washington han estado dirigidos a dar luz verde y visos legales a los instrumentos de control social y represivos que aplican los órganos de seguridad y espionaje estadounidenses
El pasado sábado 20 de abril el Senado votó a favor de reautorizar una poderosa herramienta de vigilancia e intromisión en la vida de las personas, conocida como La Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), que el Gobierno de Estados Unidos describe como fundamental para combatir el terrorismo, después de derrotar los esfuerzos de los defensores de las libertades civiles de izquierda y derecha para ponerla bajo ciertos controles. Poco después de aprobada, ese mismo día, el presidente Joseph Biden firmó su entrada en vigor.
Durante años y periódicamente una parte de los debates legislativos y políticos en Washington han estado dirigidos a dar luz verde y visos legales a los instrumentos de control social y represivos que aplican los órganos de seguridad y espionaje estadounidenses.
La aplicación de políticas represivas tiene lugar desde los tiempos de la fundación de las 13 colonias, y han sido congénitas con la naturaleza del país, dirigidas contra aborígenes, inmigrantes, grupos anarquistas o comunistas, líderes obreros y movimientos sociales.
Ya en el siglo XX se recuerdan desde la Ley de Sedición de 1919 y las redadas masivas en los años 1920 hasta el programa represivo Cointelpro en los años 1970, pasando por el Macartismo y las agresivas acciones del FBI bajo el liderazgo de Edgar Hoover.
Dicha Ley de Vigilancia de 1978 y su Sección 702 autorizan hasta el presente la vigilancia sin orden judicial de extranjeros radicados en terceros países, pero solapadamente ha permitido la vigilancia doméstica y violación de derechos de los ciudadanos estadounidenses. Ello ha generado profundas divisiones en la sociedad respecto a esos asuntos con su correspondiente reflejo sobre los círculos políticos de la capital del país y en las acciones del Congreso.
El proyecto que se impuso fue aprobado en la Cámara de Representantes a comienzos de abril del presente año y el sábado 20, cuando técnicamente dicha ley habría expirado a la medianoche, el Senado votó a favor 60-34 la medida aprobada por la Cámara. Los votos en contra provinieron de 17 demócratas, 16 republicanos y un independiente. La votación en el Senado culmina una áspera campaña de reautorización que duró más de un año.
Los intentos finales para ampliar las salvaguardas de la privacidad fracasaron. El Senado rechazó seis enmiendas que buscaban cambiar la versión aprobada por la Cámara, modificaciones
que según sus promotores eran necesarias después de una serie de abusos por parte del FBI.
La vigilancia legal bajo FISA es lograda también mediante órdenes judiciales que obligan a la cooperación de las empresas de telecomunicaciones con las agencias de seguridad proveyendo acceso a mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas, registros bancarios y de las tarjetas de crédito, así como otros datos digitales creados o transmitidos por millones de estadounidenses que son rutinariamente rastreados por esas redes electrónicas.
El director del FBI, Christopher Wray, instó repetidamente al Congreso a renovar la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera sin el requisito de una orden judicial.
Este fue uno de los temas más críticos que enfrentó el Congreso en los últimos meses. Los legisladores presentaron varios proyectos de ley para renovar la Sección 702 de FISA antes de su vencimiento.
Dicha ley fue puesta en ejercicio por el presidente Jimmy Carter hace 45 años y, con posterioridad, en repetidas ocasiones, su carácter represivo fue reforzado, en particular después de los atentados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en 2001. Entonces fue aprobada la llamada Ley Patriota que permite incluso conformar
expedientes personales de los ciudadanos.
La legislación inicial se ha transformado en una herramienta de vigilancia interna, en la que agentes del FBI utilizan las vastas bases de datos de la Sección 702 para realizar millones de búsquedas invasivas de las comunicaciones de los estadounidenses, incluidas las de manifestantes, activistas por la justicia racial, las de miles de donantes a ciertas campañas electorales, periodistas, miembros del Congreso, incluida la revisión de información sobre funcionarios electos.
Como no es de extrañar, en mucha de la cobertura acerca de este debate se acuñó repetidamente la frase «halcones de la privacidad», al referirse a los legisladores y otros quienes se oponían a la renovación de esta ley de vigilancia sin que fuera reformada para incluir protecciones judiciales y de los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Los defensores de las libertades civiles han visto durante mucho tiempo la Sección 702 como una puerta trasera para obtener acceso a información sobre los estadounidenses, cuyas comunicaciones se ven envueltas en búsquedas y vigilancia, no solo mientras hablan con aquellos que están siendo vigilados en el extranjero. Es vista como una violación de los derechos de la Cuarta Enmienda de la Constitución contra registros irrazonables y otros abusos.
Prevalece el criterio de que esta extensión de FISA, sin salvaguardias, y apenas retocada con frases acerca de proveer una mayor transparencia, perpetuará los abusos de la privacidad y los otros muchos excesos que han sido denunciados.
Las líneas divisorias en todo este debate a menudo no coinciden estrictamente en los alineamientos partidistas. Han sido particularmente los republicanos quienes se han mostrado más divididos sobre la renovación de FISA y la vigilancia por el FBI sin orden judicial. Incluso el expresidente Trump, sujeto a investigaciones y problemas judiciales, se pronunció por el rechazo a dicha ley.
Esa mera sugerencia de que la comunidad de inteligencia debiera primero obtener una orden judicial antes de procurar o revisar cualquier información obtenida sobre los estadounidenses hizo sonar las alarmas dentro de la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional. Estos calificaron la idea de «operacionalmente inviable» y que «nos impediría utilizar la información que ya tengamos en nuestro poder y que, a menudo, debe aplicarse de manera urgente».
La vigilancia y FISA han permitido atrapar piratas informáticos y contrabandistas de fentanilo, dijo la Casa Blanca al promover la ley de espionaje.
Por sobre los sólidos argumentos que fueron presentados en defensa de la privacidad ciudadana y los derechos civiles, en los círculos de poder y los políticos de Washington, nunca estuvo en entredicho la necesidad de reautorizar, de una forma u otra, la sobrevivencia de esa ley. Ese lenguaje estuvo en la base para que se lograran las mayorías para la aprobación de la continuidad de ese instrumento legal en ambas cámaras legislativas.
Después de la votación, el líder de la mayoría, Charles E. Schumer (demócrata del estado de Nueva York), dijo en el pleno del Senado que «permitir que la FISA expirara habría sido peligroso». Es una parte importante de nuestro conjunto de herramientas de seguridad nacional y ayuda a las fuerzas del orden a detener los ataques terroristas, el tráfico de drogas y el extremismo violento».
Unas horas antes que Joseph Biden firmara y rehabilitara la Ley FISA, su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, había informado en un comunicado que el Presidente promulgaría la ley de inmediato, «garantizando que nuestros profesionales de seguridad puedan seguir confiando en la Sección 702 para detectar amenazas graves a la seguridad nacional y utilizar ese conocimiento para proteger a Estados Unidos».