Yolanda Díaz ultima la subida del SMI ante el rechazo empresarial

Reunión mañana de los agentes sociales para lograr un acuerdo. Esta renta mínima ha arrancado el año en 1.080 euros al mes por catorce pagas

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá mañana a partir de las 11:00 horas con sindicatos y empresarios para tratar de cerrar un acuerdo sobre la subida que debe experimentar en este 2024 el salario mínimo interprofesional (SMI).

Esta renta mínima ha arrancado el año en 1.080 euros al mes por catorce pagas, la misma cuantía que en 2023, a la espera de la subida que decida finalmente aplicar el Gobierno como resultado de sus negociaciones con CC OO, UGT, CEOE y Cepyme.

En todo caso, sea cual sea el incremento que se practique sobre el SMI para este nuevo ejercicio, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. «En cuanto regresemos del día de Reyes, convocaremos la mesa de diálogo social y el Gobierno de España, junto con los agentes sociales, seguiremos subiendo el salario mínimo para compensar las pérdidas de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores», señaló hace unos días la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

No sería la primera vez que la subida del SMI se aprueba una vez iniciado el ejercicio para su aplicación con efectos retroactivos. Ya ocurrió con el alza de 2023, cuando el Gobierno, con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de los empresarios, aprobó a mediados de febrero subir el SMI un 8%, hasta los 1.080 euros mensuales, con efectos desde el 1 de enero de dicho ejercicio.

Aunque las negociaciones para la subida del SMI de 2024 entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales arrancaron a primeros del pasado mes de diciembre, no se consiguió cerrar ningún acuerdo antes de final de año y ahora se va a intentar en los primeros compases del nuevo año.

La intención de Díaz es que el pacto sea tripartito, pero podría suceder como en años pasados y contar con el rechazo de los empresarios que no han logrado blindar que la subida del SMI lleve aparejada una indexación de la renovación de los contratos públicos con la inflación.