El Papa anticorrupción: veto a las empresas evasoras
Francisco prohíbe que el Vaticano negocie con entidades que evadan impuestos o paguen en negro a sus trabajadores
La renovación integral del aparato económico del Vaticano es una de las reformas más significativas que está acometiendo el Papa en estos diez años de pontificado, aunque ciertamente el goteo de medidas que va adoptando no cuenten con tanto eco mediático como los cambios en la lucha antiabusos o sus apuestas pastorales como las reciente bendiciones a parejas irregulares. Sin embargo, hoy por hoy, Francisco puede rendir cuentas ante los cardenales que le encomendaron como Sucesor de Pedro poner orden en la manifiesta bancarrota que heredó de Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Este martes ha dado un nuevo paso al frente con dos ‘motu proprio’ -textos legislativos- que prohíben a cualquier institución eclesial llevar a cabo licitaciones públicas con empresas que no paguen impuestos o que desvíen sus beneficios empresariales hacia territorios de baja fiscalidad y paraísos fiscales. De la misma manera, no se podrá llegar a acuerdos con entidades contaminantes, que no paguen regularmente las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores, las que hayan cometido infracciones graves relacionadas con el pago de impuestos y tasas o las que estén sujetas a procedimientos de liquidación por bancarrota.
En esta misma línea, se veta a toda empresa sobre la que se detecte alto riesgo de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva. En resumen, el Papa mueve ficha para reducir cualquier episodio de corrupción, así como el hecho de contar con compañeros de camino con nulos criterios éticos.
Contra el despilfarro
De la misma manera, se adoptan medidas contra el despilfarro. Él mismo explica que esta nueva reforma va en línea del «discurso emprendido para favorecer la transparencia, el control y la competencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos». De hecho, en uno de los ‘motu proprio’ se recoge que los Dicasterios -esto es, los ministerios en términos civiles- deberán solicitar la aprobación del prefecto de la Secretaría de Economía cuando un gasto supere el 2% de los costes totales del organismo, deduciéndose la cifra sobre la media de los balances finales de los tres últimos años.
Todo este vuelco en materia financiera cuenta con sello español, en tanto que cada uno de estos cambios son iniciativa del equipo que lidera el extremeño Maximino Caballero Ledo, prefecto de la Secretaría de Economía.
Más allá de las reformas legislativas, quizá el hecho más visible de esta apuesta por depurar responsabilidades es el reciente juicio al cardenal Angelo Becciu, antiguo número 3 del organigrama vaticano, convirtiéndose en el primer purpurado de la historia condenado por malversación con cinco años y medio de cárcel, multa de 8.000 euros de multa y 200 millones de indemnización a la Santa Sede compartido junto a los otros ocho procesados.