El Supremo anula el reglamento de Costas
El Gobierno «olvidó» hacer el trámite de consulta pública
El Tribunal Supremo ha declarado nulo el Real Decreto 668/2022 que modificó el Reglamento General de Costas por omisión del trámite de consulta pública, estimando de esta forma el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera.
En un fallo, recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal explica que para poder prescindir del trámite de consulta pública en el supuesto de normas reglamentarias de la Administración General del Estado «han de concurrir las circunstancias acumuladas de que se trate de normas presupuestarias u organizativas».
Los magistrados de la Sección Quinta indican que, «además de esas específicas normas reglamentarias», deberán concurrir «razones graves de interés público que lo justifiquen, no impongan obligaciones relevantes a los destinatarios o regulen aspectos esenciales de una materia».
En el caso del Real Decreto impugnado, la sentencia recoge que «en modo alguno tiene naturaleza organizativa o presupuestaria y, además y a los solos efectos del debate suscitado, en modo alguno cabría infravalorar, como se razona en la Memoria de Análisis del Impacto Normativo, los efectos de la reforma, como ese mismo documento acredita al referirse a los objetivos del proyecto y resulta de la misma reforma que se introduce en el Reglamento de la Ley de Costas».
Cabe destacar que el fallo cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados que la han dictado, que se muestran partidarios de desestimar la petición de nulidad.
Estos cambios afectan a la edificabilidad de los chiringuitos de playa y a la duración de sus contratos de apertura y expliotación. Entre las consecuencias se prevé que los nuevos negocios en la costa podrán optar a concesiones de hasta 75 años cuando el real decreto de 2022 el que limitaba la posibilidad a 30 años.
Las leyes de costas regulan emplazamientos a nivel del mar, susceptibles de verse afectados por las contingencias naturales y climáticas. Y, de hecho, 2023 fue el año con el mayor número de catástrofes naturales multimillonarias de la historia, que provocaron destrozos por 352.878 millones de euros, un 22% más que la media del siglo XXI, al tiempo que fallecieron 95.000 personas, máximos desde 2010, según el informe climático de ayer de la consultora y corredora de seguros Aon.
El informe recoge que las 398 catástrofes naturales ocurridas en todo el mundo causaron este volumen de pérdidas, impulsadas por terremotos y las tormentas convectivas severas en Estados Unidos y Europa.
No obstante, las pérdidas aseguradas fueron un 31% superiores a la media del siglo actual, superando los 92.863 millones de euros por cuarto año consecutivo. Dado que los seguros solo cubrieron 109.578 millones de euros, es decir, el 31% de las pérdidas totales, la «brecha de protección» se situó en el 69%, once puntos más que en 2022.
El documento también destaca que 95.000 personas perdieron la vida en todo el mundo en 2023, la cifra más alta desde 2010, debido, sobre todo, a terremotos y olas de calor. En cuanto al clima, 2023 fue el año más caluroso jamás registrado, con «anomalías de temperatura sin precedentes» y máximos históricos observados en 24 países y territorios.
La sequía registrada durante el año pasado en España generó unas pérdidas económicas de 5.550 millones de euros. Además, en el documento, también se recogen los impactos económicos negativos de otros fenómenos naturales, como las inundaciones en España y Portugal de enero de 2023 (25 millones de euros) o unas tormentas en España y Francia en julio (75 millones de euros).
La borrasca «Juliette», en febrero de 2023, supuso unas pérdidas económicas en España de 10 millones de euros, mientras que los incendios en marzo y abril del año pasado tuvieron un impacto de 160 millones de euros. Asimismo, una serie de tormentas entre abril y junio provocaron pérdidas por valor de 185 millones de euros.
Aon estima que los incendios registrados durante el mes de agosto costaron 160 millones de euros, mientras que las inundaciones de septiembre tuvieron un efecto negativo de 370 millones de euros. La borrasca «Bernard» (octubre) tuvo un impacto de 20 millones, mientras que «Domingos» (noviembre) dejó pérdidas de 275 millones en España y Francia.
De esta forma, las catástrofes naturales tuvieron un impacto negativo para España de 6.455 millones de euros.