El chavismo detiene a la popular activista venezolana Rocío San Miguel ante las denuncias de la oposición
Voces opositoras y organizaciones en defensa de los derechos humanos exigen su liberación inmediata
La conocida activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, tenía previsto tomar un vuelo el viernes junto con su hija en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Pero fue detenida. Desde entonces, su familia desconoce su paradero. Dirigentes de la oposición condenaron el domingo la detención esta popular defensora de los derechos humanos, y alertaron a la comunidad internacional del apresamiento, del que responsabilizan al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
A través de X, la candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de este año, María Corina Machado, denunció que la «arremetida represiva del régimen de Maduro continúa» con la detención de San Miguel, por lo que pidió «solidaridad nacional e internacional con ella y con todos los presos y perseguidos políticos» en el país sudamericano.
El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles condenó la detención y aseguró que, «una vez más, desde el poder sigue la dinámica del terror, la persecución, criminalización y arbitrariedades para neutralizar a quienes piensan distinto». «Esta acción es una nueva violación a la Constitución, al debido proceso, a los derechos humanos y la integridad. No hay justificación alguna para desaparecer a alguien y mantenerlo incomunicado sin acceso a sus abogados, dijo en X el también exgobernador.
San Miguel informó este mes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado venezolano presentar, «a más tardar el 6 de mayo», un informe sobre el cumplimiento de una sentencia dictada en 2018 a favor de la activista y de otras dos personas, por el despido de sus cargos públicos en 2004, tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.
La exdiputada Delsa Solórzano denunció que se trata de una «desaparición forzada», algo que «ocurre con frecuencia en Venezuela» y «constituye una grave violación al debido proceso, al derecho a la defensa» y «a los DD.HH.». «Exigimos respuesta y atención inmediata del caso a los organismos internacionales de protección y defensa de los DD.HH. que se encuentran en Venezuela. ¡Ya basta de silencio!», expresó.