Esquerra tensa la cuerda y quiere citar a jueces en las comisiones del "lawfare" mientras el PSOE lo niega a la Comisión de Venecia

Los socialistas mandan aclaraciones al órgano del Consejo de Europa sobre comparecencia de jueces en el Congreso y sobre el papel del TC ante un recurso de un juez para la aplicación de la amnistía

Para lograr la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE tuvo que ceder al independentismo la amnistía y la creación de tres comisiones de investigación en el Congreso sobre el "lawfare". Sin embargo, como la amnistía, las tres comisiones de investigación también se le pueden complicar porque los partidos separatistas han empezado a tensar la cuerda: en concreto, Esquerra ha pedido citar a jueces para que comparezcan en el Congreso, un extremo que el Gobierno y el PSOE se niegan a aceptar, por ahora. De hecho, eso es lo que han trasladado a la propia Comisión de Venecia, que elaborará este viernes y sábado su informe definitivo sobre la amnistía.

Actualmente, se han puesto en marcha las tres comisiones de investigación: la de la "Operación Cataluña", que busca indagar sobre el Ministerio de Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy; la de los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils, que busca encontrar "responsabilidades políticas"; y, la del "caso Pegasus", que busca aclarar el presunto espionaje a políticos independentistas. De esas tres comisiones, la de la "Operación Cataluña" parece que va un paso más avanzado y este martes se ha reunido para abordar el plan de trabajo en una sesión a puerta cerrada: en este sentido, Esquerra ha hecho público la lista de comparecientes que quiere citar y ahí aparece el juez Manuel García-Castellón, que es quien está investigando la causa de Tsunami en la Audiencia Nacional. Además de García Castellón o del fiscal de sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, aparecen 62 solicitudes de comparecencia más.

Esquerra, de esta manera, ha consumado su amenaza y ha hecho lo que había dicho que tenía intención de hacer: citar a jueces. Es decir, los republicanos plantean un pulso al PSOE y al Gobierno, que se han negado a que vayan a comparecer jueces. De hecho, lo han hecho por distintas vías. A través del ministro Félix Bolaños, quien ha asegurado que, "con total claridad", el PSOE "cumplirá la ley e impedirá que haya jueces y magistrados compareciendo en comisiones de investigación para dar cuenta de lo que han conocido en el ejercicio de las causas que están juzgando" a pesar de que ha reconocido que "los grupos parlamentarios podrán hacer las peticiones de comparecientes que deseen". Y, a través del documento de alegaciones remitido por el Congreso a la Comisión de Venecia, que está elaborando un informe sobre la amnistía: en ese texto, firmado por PSOE y Sumar, se detalla que "ya han explicado públicamente que los jueces no comparecerán" ante estos órganos y se precisa que tampoco "tienen obligación" de acudir a este tipo de comisiones.

A pesar de que no forman parte de la amnistía, la Comisión de Venecia se ha interesado sobre las tres comisiones de investigación y en el punto 116 del borrador del informe que está elaborando recomienda lo siguiente: "que las comisiones de investigación creadas por el Congreso de los Diputados de España no reciban mandato ni pretendan exigir que los jueces les informen, en particular, sobre el fondo de los asuntos que han resuelto". Aunque no forma parte de la amnistía, las tres comisiones de investigación tienen la intención de poner en el punto de mira a jueces porque los independentistas consideran que ha habido "persecución política" y el propio acuerdo entre PSOE y Junts hacía referencia a que la propia amnistía podría incluir modificaciones recogidas en las conclusiones de esas comisiones.

Además, el órgano del Consejo de Europa pregunta sobre el artículo 10 de la amnistía, que estipula que los recursos que se presenten no tendrán efectos suspensivos: en concreto, se pretende saber si eso "deroga" la Ley del Tribunal Constitucional, que permite a los jueces presentar cuestiones de inconstitucionalidad y, por tanto, paralizar la aplicación de una ley (en este caso, la amnistía). Y el PSOE rechaza ese escenario y asegura que solo los recursos ante decisiones judiciales no tienen efectos suspensivos, por lo que una cuestión de inconstitucionalidad podría paralizar la aplicación de la amnistía.