Una asociación denuncia que la Fiscalía se salta la "neutralidad" en el caso de la pareja de Ayuso

Para la APIF, revelar la voluntad del abogado de llegar a un acuerdo que no se ha firmado es un "ataque frontal" de los derechos del investigado

La decisión de la Fiscalía de Madrid de emitir un comunicado en el que daba cuenta de un posible pacto de conformidad del empresario Alberto González que no se ha concretado supone "un ataque frontal a los derechos de las personas que están siendo investigadas". Así lo ha expresado la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que ha acusado al Ministerio Fiscal de alejarse de la "absoluta neutralidad" que debe mantener como institución en este caso, que tiene especial relevancia política por tratarse de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Las propuestas emitidas y no ratificadas por un letrado en defensa de los intereses de su patrocinado no pueden ser desveladas por el Ministerio Fiscal", subraya, ya que afecta al derecho que el abogado tiene a la reserva de las mismas. Por ello, pidió al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que dé orden a todas las fiscalías para que cumplan con el "deber de sigilo".

La reacción de la organización se produce después de que la Fiscalía de Madrid informase en una nota enviada a numerosos medios de comunicación que "el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal" que ha existido hasta la fecha en relación a la pareja de Ayuso es el que propuso el abogado de González al fiscal del caso el pasado febrero. Tal como expuso, en él el empresario se mostraba dispuesto a reconocer dos delitos fiscales que se le imputan por un supuesto fraude de 350.951 euros a través de facturas que Hacienda considera falsas.

El comunicado detallaba que, el 23 de noviembre, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación por estos hechos, tras recibir una denuncia de la Agencia Tributaria por posibles delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Y más tarde, el 2 de febrero, el abogado de González contactó por correo electrónico con la Fiscalía "para proponer un pacto" que implicara "reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal". En él, la pareja de la presidenta madrileña "reconocía la autoría" de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios 2020 y 2021.

Para la APIF, la nota de prensa se salta varios principios que debe regir el funcionamiento del Ministerio Público. Aunque reconoce que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) le reconoce el deber de informar a la opinión pública de los eventos que sean de su competencia, esto se debe producir siempre "con respeto al secreto de sumario" y respetando el deber de reserva y sigilo "inherentes al cargo y a los derechos de los afectados".

También recuerda que a la hora de informar, se debe tener en cuenta "el derecho a la presunción de inocencia que ampara al imputado". A ello se suma lo estipulado por el Estatuto de la Abogacía, que impone al abogado "el deber y derecho a que se guarde secreto de todas las propuestas" que plantee en el ejercicio de sus funciones de representación. Por ello, ha solicitado al fiscal general del Estado que ordene a las fiscalías "guardar el deber de sigilo" que se les exige legalmente.

Una conformidad sin concretar

En la nota de prensa, se profundiza en los pormenores de la negociación que debió mantenerse bajo secreto para respetar los derechos del novio de Ayuso como investigado. La Fiscalía de Madrid detalla que cinco días después de que el abogado de González contactara para plantear este posible pacto, el fiscal especialista en delitos económicos encargado del asunto cerró las diligencias de investigación incoadas y acordó la interposición de una denuncia contra el empresario y otras cuatro personas por la supuesta comisión de delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.

El 12 de febrero, siempre según la versión de la Fiscalía, el representante del Ministerio Público contestó por correo electrónico al abogado de González "y le manifestó que tomaba nota de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas". Excluyendo, al mismo tiempo, que la existencia de otras personas supuestamente implicadas en la defraudación tributaria pudiera ser "un obstáculo" para alcanzar esa conformidad.

La denuncia de la Fiscalía se interpuso finalmente el 13 de febrero contra cinco personas, incluido González, y ocho empresas, remitiéndola el 20 de febrero al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid.

Un mes después, el pasado martes, el fiscal del caso remitió la denuncia al abogado de González Amador "para facilitarle el derecho de defensa" y le reiteró, como ya había hecho el 12 de febrero, "que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituye un obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal".