Hacienda aprieta las tuercas a la banca: abre una inspección para comprobar que las entidades han pagado bien el impuesto extraordinario
Las investigaciones no se centran en ningún banco en concreto
El Ministerio de Hacienda ha iniciado una investigación contra los bancos sujetos al pago del gravamen temporal que aprobó el Gobierno para comprobar si las liquidaciones de dicho impuesto se han realizado correctamente, según ha podido saber Europa Press en fuentes financieras.
Hacienda comenzó a notificar a las entidades financieras la apertura de estas actuaciones, al menos, en enero de 2024, según han indicado las mismas fuentes. La investigación no se centra en ninguna entidad en concreto.
Este impuesto grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades financieras que facturen más de 800 millones de euros con la actividad que las entidades desarrollen en España.
El sector bancario ha rechazado esta figura desde su anuncio en julio de 2022 y ya lo ha llevado a los tribunales. Por un lado, las dos patronales interpusieron sendos recursos ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda por la que se aprobaron los modelos de declaración del gravamen y el pago anticipado del mismo. Por su parte, las entidades también recurrieron la liquidación del impuesto de forma individual.
La recaudación del impuesto el año pasado por parte de la banca ascendió a 1.263 millones de euros, menos de la mitad de los 2.900 millones de euros que se recaudaron junto con el impuesto a las energéticas. Los grandes bancos pagaron el año pasado unos 1.120 millones de euros. El resto fue abonado por otras entidades que son objeto del impuesto pero que no cotizan en Bolsa.
Los seis bancos cotizados españoles estiman que abonarán a las arcas públicas unos 1.493 millones de euros en concepto de este nuevo impuesto a la banca, lo que supondría un alza del 33,3% respecto a sus contribuciones del ejercicio pasado.
Aunque este gravamen extraordinario se implantó con un carácter temporal de dos años, para 2023 y 2024 (recaudando sobre los resultados de 2022 y 2023, respectivamente), la intención del Gobierno es convertirlo en permanente, como también quiere hacer con el de las energéticas.