25 detenidos, cuatro de ellos funcionarios, por defraudar más de cuatro millones a la Seguridad Social con prestaciones de desempleo

Los funcionarios implicados, uno del SEPE y tres del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, habría cobrado 50.000 euros mensuales. Entre los arrestados también hay cuatro trabajadores de bancos

La Policía Nacional ha detenido a 25 personas, entre ellas cuatro funcionarios -uno del SEPE y tres de la Comunidad de Madrid- y cuatro empleados de entidades bancarias, por supuestamente defraudar más de cuatro millones de euros a la Seguridad Social con la capitalización de prestaciones de desempleo. Según ha informado la la Jefatura Superior de Policía de Madrid, desarticulada en Madrid la pasada semana, tramitó más de 400 expedientes ilícitos entre 2020 y 2024 dirigidos al SEPE. Los funcionarios implicados habrían recibido hasta 50.000 euros mensuales de los cabecillas de la organización.

Según el cálculo de los investigadores, de los cuatro millones estafados, los miembros de la organización habrían percibido entre un millón y 1,5 millones de euros de beneficio. La bautizada como operación Seos arrancó en diciembre de 2022 después de que los agentes descubriesen irregularidades en la actividad de diversos trabajadores dedicados a tramitar prestaciones del paro, que accedían de forma injustificada a determinados expedientes de capitalización de la prestación por desempleo.

La investigación arrancó en el mes de diciembre de 2022 después detectar irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo. La la Jefatura Superior de Policía de Madrid explica que el análisis informático detectó el acceso injustificado a múltiples expedientes, en su mayor parte relativos a operaciones de capitalización de la prestación por desempleo, una medida dirigida a fomentar el autoempleo y que permite que los perceptores de la ayuda contributiva puedan destinar la totalidad de la prestación que tienen pendiente por percibir para sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia.

Las pesquisas policiales posteriores descubrieron un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros. "Todos ellos se integraban en una organización con un claro reparto de funciones y una estructura distribuida en cinco eslabones", señalan fuentes de la investigación.

Modus operandi

La organización contaba con dos varones que desempeñaban el rol de dirección y captación de clientes, trazando estrategias respecto a qué tipo de solicitudes se debían realizar y calculando el margen de beneficio de cada prestación, que oscilaba entre el 25% y el 40% del montante total de la capitalización.

Asimismo, establecían los contactos con los clientes, a los que dirigían hasta una gestoría del distrito madrileño de Latina. En esta gestoría se formalizaban los trámites documentales necesarios para sustentar las solicitudes, integrándose en este segundo grupo de la organización sus responsables y trabajadores.

"Estos trámites sustentaban la solicitud de ayudas para adquirir vehículos o material informático que debía servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia", recoge la investigación. Sin embargo, dichas compras eran acreditadas mediante facturas falsas, actuando en connivencia con dos varones, uno de ellos dedicado a gestiones administrativas de tráfico y un segundo que regentaba un concesionario de vehículos próximo a la citada oficina.

El tercero de los roles de relevancia dentro de la organización era el relativo al seguimiento de expedientes y asesoramiento, el cual era desempeñado por los empleados públicos detenidos -uno de ellos perteneciente al SEPE y tres a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid -, quienes hacían uso de sus credenciales de acceso a las bases de datos del SEPE para realizar una labor de consulta sistemática y diaria de los beneficiarios y expedientes de interés, controlando los trámites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestación. A cambio de estas labores, los mencionados empleados públicos recibían pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organización, que podían alcanzar hasta los 50.000 euros.

Controlaban el beneficio final a través de empleados bancarios

La Policía detectó un cuarto eslabón en el entramado. Este estaba compuesto por cuatro empleados de entidades bancarias que se dedicaban al control de beneficiarios y pagos. Previamente, los responsables de la organización les habían contactado para que se encargaran de abrir cuentas bancarias que eran aportadas al SEPE como cuentas de destino de las prestaciones ilícitamente obtenidas. De esta forma, estas personas controlaban los movimientos bancarios y se aseguraban de que la red percibiera las cantidades acordadas mediante retenciones de saldo u órdenes de pago diferidas por el montante acordado-

Una vez asegurado el beneficio de la estructura, por parte de los beneficiarios se realizaba la transferencia de las cantidades comprometidas, entrando en el apartado final de la investigación, el de recepción de beneficios. Estos eran destinados a cuentas bancarias controladas por las sociedades en las que participaban los miembros de la organización o a cuentas personales de los mismos.

16 registros en domicilios y oficinas de Madrid

La fase de explotación de esta investigación se desarrolló la pasada semana con la realización de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid y la detención de los 25 integrantes de la red, quienes fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.

En los registros efectuados se intervinieron equipos informáticos y dispositivos móviles, relojes de alta gama, más de 25.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y abundante documentación, entre otros efectos.

La Policía Nacional destaca que la comunicación y coordinación entre la Policía Nacional y los departamentos del SEPE, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid "resultó ser completa y de gran eficacia, estableciéndose desde el primer momento como objetivo común el esclarecimiento de los hechos".