Qué cambiaría si los funcionarios de prisiones fueran reconocidos como agentes de autoridad
La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado este jueves, con 34 votos a favor y 2 en contra, el dictamen de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de la administración penitenciaria.
La ponencia ha contado con el respaldo mayoritario de los grupos, a excepción de ERC, que ha avisado del riesgo de "ceder ante planteamientos de derecha que al final ocupa la extrema derecha". Por su parte, tanto el PSOE como el PP han mostrado una gran satisfacción por el consenso alcanzado, ya que atiende a una reivindicación histórica de los trabajadores penitenciarios.
Qué dice el texto acordado
El escrito establece que los funcionarios tendrán la condición de agentes de la autoridad con los derechos, deberes e incompatibilidades regulados por la legislación general de funcionarios civiles de la Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma de la que dependan.
Asimismo, la Administración contará con el personal necesario y debidamente cualificado. Para ello, antes de iniciar su actividad, deberán recibir obligatoriamente la formación específica, tanto teórica como práctica, en el centro que reglamentariamente determinen.
En cuanto a los procedimientos disciplinarios sancionadores que se instruyan en las materias objeto de esta Ley, los informes emitidos por los profesionales que hubiesen presenciado los hechos, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles.
Otra de las claves del texto es que se deberá compensar económicamente a los funcionarios cuando sufran daños personales o materiales en acto o con ocasión del servicio, sin mediar por su parte dolo, culpa o negligencias graves, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
El sexto punto establece que en los procedimientos penales seguidos contra estos funcionarios, "se garantizará su separación del resto de los detenidos en caso de detención, así como la separación de otros reclusos en el supuesto de ser ingresados en prisión y en los traslados bajo custodia, todo ello con el fin de salvaguardar su integridad física."
El texto acordado establece también que el personal laboral gozará de la misma protección penal que el funcionario con el fin de garantizar la seguridad y la protección de todas las personas que trabajan en estos centros.