El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica
El país que lo promovió junto con Chile y hasta dio nombre al acuerdo rehúsa tramitarlo internamente.
Tras cuatro años de negociaciones, los representantes de 24 países latinoamericanos y caribeños, reunidos en Escazú, pequeña ciudad nacional de tan musical nombre, lograron ponerse de acuerdo para emitir su conformidad con medidas relacionadas en favor del medioambiente y sus defensores.
Con el tiempo y el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se emitió el documento conocido como Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Nuestro país fue uno de los patrocinadores y dio su firma el 27 de setiembre del 2018. Poco a poco se fueron logrando las firmas necesarias para su trámite, a las que debían seguir más adelante las correspondientes a la ratificación de los cuerpos legislativos de cada uno de los países firmantes.
Aquí viene lo paradójico: el país que prohijó junto con Chile (Costa Rica) y hasta dio nombre al acuerdo rehúsa tramitarlo internamente. Lo que dos administraciones anteriores vieron como un importante asunto de Estado, la actual destaca por su desinterés en el asunto.
Es muy necesario que el Poder Ejecutivo exprese públicamente cuáles son las justificaciones para no llevar a buen término lo que otros iniciaron.
Básicamente, lo que se defiende con este acuerdo es el derecho humano a un medioambiente limpio, sano y sostenible. Por el contrario, quienes lo adversan son poderosos intereses urbanísticos, turísticos, mineros, hidroeléctricos o agroindustriales aprobados por gobernantes sin el respeto debido a la información y consulta con comunidades locales afectadas, en gran parte gente pobre o desinteresada, sin poder político alguno, y pueblos indígenas o afrodescendientes.
Muchos defensores de ese derecho pagaron con la vida por oponerse a esas maquinaciones. Fresco está en mi memoria del caso del ruin asesinato en playa Moín, en el 2013, del veinteañero Jairo Mora Sandoval, “culpable” como abanderado de la lucha contra los saqueadores de huevos de tortuga.
En este caso, siempre se ha sospechado de la participación de poderosos grupos narcotraficantes, a quienes no convenía su presencia constante en un área que tenían como propia. Dicho sea de paso, el Estado costarricense no atendió las denuncias hechas por Mora, quien había informado de las amenazas que recibía. Un Estado indiferente y cobarde lo dejó en peligro de muerte.
Otro caso igualmente sonado es el de Berta Cáceres, ocurrido en marzo del 2016 en Honduras. Asesinada por sicarios relacionados con fortísimos intereses extranjeros interesados en la privatización de ríos, construcción de presas hidroeléctricas y proyectos madereros y mineros. Situaciones en las que no había mediado ni información, ni consulta con las comunidades afectadas, y en total abandono por las autoridades llamadas a brindarles protección.
Otra paradoja más es que nos jactamos, como país, de ser abanderados en la lucha por el avance en derechos humanos; amén de otras cosas rimbombantes, como adalides en conservacionismo, luchadores en pro de la neutralidad carbónica, más maestros que soldados, etc. ¿Mucho ruido y pocas nueces?
El autor es profesor universitario jubilado y ensayista.
