Autoridades judiciales aclaran dudas a diputados sobre proyecto contra crimen organizado
La iniciativa establece que los asuntos relacionados con delincuencia organizada son de acción pública y no pueden ser convertidos en delitos de acción privada.
Este lunes por la noche, en la Asamblea Legislativa se llevó a cabo una reunión donde autoridades judiciales aclararon varias dudas a los diputados sobre el proyecto de ley contra el crimen organizado, expediente 23.090.
Al parecer, las inquietudes de algunos legisladores versan sobre temas como la prisión preventiva y eventuales vicios de inconstitucionalidad de la iniciativa, entre otros.
En ese sentido, Patricia Solano, magistrada de la Sala III, dijo no poder emitir un criterio porque aún a esa instancia no se ha presentado casos sobre el particular.
“Sobre vicios de inconstitucionalidad, nosotros referimos que solamente la Sala IV puede referirse a eso. A estas alturas y ante una consulta de un tribunal de la República, varios amparos y hábeas corpus, se ha respondido que esto es un tema de legalidad.
“Sabemos que muchos de los diputados no son abogados y además el Derecho Penal es muy técnico, explicamos cómo se ordena la prisión preventiva y que siempre hay un juez que la ordena y la controla. Esas inquietudes las aclaramos”, explicó Solano.
Por su parte, Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, calificó el proyecto como de interés para el Poder Judicial. Insistió en su preocupación por la inseguridad que afecta a los ciudadanos.
“Precisamente este proyecto lo hemos considerado como una herramienta importante para la búsqueda de una solución en ese campo”, agregó Aguirre.
La iniciativa busca mejorar la redacción de la normativa vigente y las reglas sobre distribución de competencias en asuntos de delincuencia organizada, aclarando cuáles se tramitan en la jurisdicción ordinaria y cuáles en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada (JEDO).
El proyecto establece que los asuntos relacionados con delincuencia organizada son de acción pública y no pueden ser convertidos en delitos de acción privada.
Adicionalmente, el plan pretende que los asuntos sobre crimen organizado tengan plazos de 24 meses y que se dupliquen los de etapa intermedia, así como los de prisión preventiva y los plazos para la continuidad y suspensión del debate, entre otros.
Finalmente, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Gloria Navas Montero, manifestó que “los señores jefes de fracción pudieron estar aquí para aclarar temas procesales, de prisión preventiva y sobre la necesidad de que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial sobre Delincuencia Organizada”.