Conozca las pautas de la nueva declaración de renta propuesta por el Gobierno para asalariados
Hacienda promueve una nueva ley de Impuesto sobre la Renta que plantea que asalariados y pensionados presenten una declaración anual, tal como lo hacen hoy los trabajadores independientes
La propuesta de la nueva ley del Impuesto sobre la Renta, entregada por el Gobierno a los diputados establece, como principal cambio, que los empleados asalariados y los pensionados deban presentar una declaración tributaria sobre los ingresos recibidos durante el año, y hacer la liquidación de este tributo.
El planteamiento es novedoso porque actualmente solo los trabajadores independientes efectúan dicho trámite. Mientras que en el caso de los asalariados y los pensionados, el patrono o el fondo de pensiones, respectivamente, es quien hace la retención mensual de renta. Hoy día, debe tributar quien tenga un salario o una pensión superior a ¢941.000.
El objetivo de la administración de Rodrigo Chaves de instaurar la renta global en Costa Rica crea la obligación de presentar la declaración de impuestos para un grupo de contribuyentes que nunca lo ha hecho, pues además del salario deberán declarar otros ingresos recibidos en el año.
La iniciativa remitida al Congreso deja un salario anual exento de renta por ¢10,1 millones, es decir, ¢842.000 mensuales, el cual se denomina como mínimo vital. Pese a ello, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, informó de que ese no es el monto correcto porque el objetivo es mantener la exención actual, en la cual el asalariado con un ingreso igual o menor a ¢941.000 mensual no pague renta. Si ese monto se anualiza, el ingreso mínimo vital sería de ¢11,2 millones.
Nuevos parámetros
El asalario y jubilado deberá declarar, además de su ingreso por salario o pensión, todas las contraprestaciones o ingresos recibidos de manera adicional.
La legislación propuesta establece que también se considerarán rentas íntegras del trabajo los recursos recibidos de pensiones privadas y voluntarias; las dietas de directivas; los recursos recibidos por cargos de elección popular; y las retribuciones percibidas por laborar en actividades humanitarias o de asistencia social.
El contribuyente también deberá informar solo los ingresos recibidos por otras actividades como alquileres de inmuebles, los dividendos recibidos por acciones, intereses por inversiones o ganancias de capital por la venta de bonos.
El proyecto legal globaliza los ingresos de las personas físicas, pero crea dos bases impositivas para cobrar el impuesto. Una es la base general que establece una tasa impositiva que va del 10% al 30%. La otra es la base especial que agrupará las rentas del capital mobiliario y las ganancias del capital, y cuya tasa es del 15%.
La cuota tributaria final, es decir, el monto a pagar, será el resultado de sumar la cuota general y la especial. Pero el contribuyente podrá descontar los pagos parciales —como las retenciones hechas por el patrono— y las deducciones permitidas por la norma enviada al Congreso.
“Parece que el proyecto establece la presentación de una sola declaración, pero donde se incluyen ambos montos lo cual denominan como rentas íntegras. Hoy por ejemplo, en una misma declaración se incluyen las rentas gravadas y las exentas, dentro de una misma declaración, pero en diferentes apartados”, dijo Francisco Villalobos, exdirector de Tributación y socio director ICS Asociados.
La legislación impulsada permite las deducciones vinculadas al salario como el aporte a un fondo de pensión voluntario y cuotas a colegios profesionales cuando sean obligatorias para el trabajo.
En el caso de las rentas inmobiliarias se permiten los gastos de reparación y conservación del inmueble; y financiamiento o intereses del bien. También el pago hecho a terceros por la administración de dicho inmueble.
Para el caso de las rentas de capital, la normativa remitida al Congreso permite la deducción de los gastos de administración y depósito de valores de las inversiones efectuadas por el contribuyente.
Ahora, el trabajador asalariado o la persona pensionada deberá entregar su declaración anual y pagar en los primeros tres meses posteriores al cierre fiscal, es decir, entre enero y marzo tal como lo hacen actualmente quien labora por cuenta propia o las empresas.
German Morales, socio director de la firma Grant Thornton, comentó que el reto para el Ministerio de Hacienda estará en hacer un formulario de declaración sencillo para las miles de personas quienes nunca han tenido que realizar dicho proceso.
El objetivo del Poder Ejecutivo es que el nuevo sistema de Hacienda Digital permitirá efectuar un proceso de declaración de impuestos amigable para los contribuyentes.
Sin embargo, Morales recordó que, desde julio del 2019, las sociedades inactivas estaban en obligación de hacer una declaración informativa, pero Tributación creó el formulario cuatro años después.
