Diputados terminan trámite de 529 mociones al plan de crimen organizado
Conocimiento de las mociones de Carolina Delgado y sus revisiones concluyó este miércoles, a las 6:51 p. m.; texto fue enviado a consulta a la Corte Suprema
Los diputados concluyeron el trámite de las 529 mociones que se le habían presentado al proyecto de reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, luego de una semana y media de discusión, y una gran cantidad de sesiones en el plenario.
Al ser las 6:52 p. m., el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, anunció la votación negativa de la última moción que estaba pendiente, y suspendió la discusión de fondo de la iniciativa.
Ahora, el expediente 23.090 irá a consulta de la Corte Suprema de Justicia, órgano que se comprometió a emitir lo antes posible una respuesta, con el fin de que el proyecto de ley pueda estar aprobado y vigente antes del 7 de junio.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, advirtió de que, si la reforma no está vigente para esa fecha, podrían salir libres una decena de cabecillas de organizaciones criminales, por la extinción de las medidas que los mantienen tras las rejas.
La aprobación de una vía rápida a inicios de mayo hizo posible que se votaran las más de 500 mociones presentadas por Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Ese procedimiento establecía 14 sesiones de plenario para discutir mociones y, a partir de la sesión 15, se ordenó la votación sin uso de la palabra, tanto de las propuestas de Delgado, como de las respectivas mociones de revisión que ella presentó.
Aunque durante la tramitación de estas mociones de fondo no hubo cambios significativos, el acuerdo de las fracciones parlamentarias era solicitar a los magistrados su criterio sobre el proyecto de ley.
Una vez recibido ese criterio de la Corte Suprema de Justicia, los congresistas podrán hacer la aprobación en primer debate del expediente legal, esperar una sesión y, luego, votar en el definitivo segundo debate.
Delgado, quien se opone a la iniciativa, podría presentar una consulta facultativa a la Sala Constitucional; sin embargo, para eso requiere de diez firmas de legisladores.
El proyecto busca mejorar la redacción de la normativa vigente y las reglas sobre distribución de competencias en asuntos de delincuencia organizada, aclarando cuáles se tramitan en la jurisdicción ordinaria y cuáles en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada (JEDO).
La iniciativa establece que los asuntos relacionados con delincuencia organizada son de acción pública y no pueden ser convertidos en delitos de acción privada.
Adicionalmente, el proyecto busca que los asuntos sobre crimen organizado tengan plazos de 24 meses y que se dupliquen los de etapa intermedia, así como los de prisión preventiva y los plazos para la continuidad y suspensión del debate, entre otros.
La iniciativa aclara a quién le corresponde nombrar el personal de la JEDO en el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como la imposibilidad de reelegir el personal pasados ocho años.
El proyecto faculta al Ministerio Público para que, una vez esté vigente la Jurisdicción Especial, se pueda solicitar por intermedio del fiscal general o el fiscal subrogante, independientemente de la etapa procesal, que la JEDO se arrogue el conocimiento de las causas de delincuencia organizada ya existentes o en trámite.
Un transitorio del proyecto en discusión establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales de adecuar los plazos de prisión preventiva, tanto para los asuntos en vía ordinaria con un plazo de 12 a 18 meses, y en Jurisdicción Especial, de 12 a 24 meses.