El ciudadano, entre lo público y lo privado
Debemos plantearnos como país, si un modelo de alianzas público-público o público-privado puede contribuir a generar bienestar a los ciudadanos.
“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza (…)”, expresa el artículo 50 de la Constitución Política.
Lo cierto es que, las noticias que surgen todos los días en los diferentes medios de comunicación muestran que este mandato constitucional no se cumple. Las listas de espera de los pacientes para ser atendidos en la CCSS no terminan, la inseguridad ciudadana parece incrementarse cada día, el desempleo se mantiene, el agua potable se raciona en el Gran Área Metropolitana (GAM), las carreteras siguen en mal estado, persisten las carencias en nuestro sistema educación —tanto en infraestructura como en contenidos—, y así, en muchos otros aspectos que podemos considerar que contribuyen al bienestar de los ciudadanos de este país.
Si somos realistas, basados en el modelo de desarrollo que tenemos actualmente, debemos concluir que los temas antes apuntados no tienen solución en el corto y mediano plazo. El Estado no posee los recursos necesarios para solucionar satisfactoriamente los grandes temas nacionales. Llego a esta conclusión con mucho pesar, ya que son millones de personas las que sufren cada día por las carencias que tiene nuestro Estado.
Ante esta imposibilidad, el sector privado satisface algunas de ellas, como en toda economía moderna. En el tema de salud, ofrece una oferta cada vez más crecientes de bienes y servicios. Los sistemas de seguridad personal y grupal se incrementan mediante la oferta de sistemas de vigilancia, como monitoreo mediante cámaras, o bien, con la compra de viviendas en condominios con guardas privados.
La creciente demanda para la construcción de pozos de agua y el suministro de agua por parte de empresas privadas busca dar solución a esa problemática, así como la preferencia por vivir en aquellas comunidades que tienen garantía de suministro del precioso recurso. El auge de instituciones de educación, en todos los niveles, así como la gran oferta de cursos y carreras que son objeto de demanda en el mercado laboral, con un temario de materias acorde con la realidad nacional.
Sin embargo, solo un porcentaje menor de la población tiene acceso a los bienes y servicios que ofrece el sector privado. ¿Qué sucederá con la mayoría de los costarricenses que depende del Estado para su bienestar?
La solución por parte del Estado no está, como ha pasado con los últimos gobiernos, con la modificación o creación de nuevos impuestos. No solo porque esa medida no resolvería los problemas, sino porque como sucede siempre, los mismos afectarán a la clase media, que es la que alivia la presión sobre los servicios públicos, al acceder a los privados, teniendo un menor poder adquisitivo.
Recursos naturales
Otra solución, como lo expresa el mandato constitucional, es la explotación sostenible de los recursos naturales. Esta es la solución que los países desarrollados han adoptado en su mayoría para generar los recursos necesarios para promover el desarrollo y generar bienestar para sus ciudadanos.
Costa Rica entró en un debate en este tema en los último 30 años. Entre quienes sostienen que como país “ambientalista” no debemos utilizar dichos recursos por el impacto ambiental y social que produce, y quienes consideran que debemos aprovechar los mismos como la solución para el desarrollo del país.
Si somos conscientes de la situación del país y de la crisis en el modelo de desarrollo que tenemos, que no brinda los recursos necesarios para dar solución a las necesidades de los ciudadanos, creo que ha llegado el momento de tomar una decisión sobre este tema. Si tenemos la capacidad de brindar soluciones al mundo en el campo de la ciencia y la tecnología, así como en la medicina y en el arte, debemos ser capaces de encontrar una solución a este supuesto dilema.
Solución intermedia
Una solución intermedia es hacer que los gastos que asume el ciudadano, en estos campos, sean deducibles al momento de pagar sus impuestos. Me refiero a los gastos en que incurren los ciudadanos para solventar sus necesidades y mejorar su calidad de vida en temas médicos, de seguridad, educación e infraestructura, los cuales deben ser deducibles, por el simple hecho de que al obtenerlos en el sector privado le alivia la carga al sistema público.
Otra opción sería lograr un sistema de alianzas público-público (hay empresas públicas en diferentes países del mundo que son exitosas) o público-privado, hechas a la “tica”. Por supuesto que esta opción despierta múltiples reacciones. No me detendré en analizarlas.
Un modelo que podemos llamar “exitoso” por su resultado, fue el implementado por el país en el sistema eléctrico al promover la participación del sector privado en la generación. Con base en este modelo hoy podemos decir que el suministro de energía eléctrica no es uno de los grandes temas país, como si sucede en la mayoría de los países que podemos llamar “subdesarrollados”. Costa Rica tiene garantizado el suministro de energía por los próximos años.
Muchas personas criticarán el modelo, pero si somos justos, produjo el resultado esperado. Hoy en día el sistema eléctrico nacional no es tema desde el punto de vista de garantizar el suministro al ciudadano. Por supuesto que existen grandes críticas por el precio de la energía y temas asociados, pero no podemos quejarnos de que casi la totalidad de los ciudadanos tienen acceso a este servicio.
Debemos plantearnos como país, si un modelo de alianzas público-público o público-privado puede contribuir a generar bienestar a los ciudadanos, quienes en última instancia somos la razón de ser del Estado costarricense. ¿Tendremos la capacidad de generar un modelo que mejore la calidad de vida, y que, a su vez, sea equitativo entre las partes garantizando el uso racional de los escasos recursos económicos del Estado y de los costarricenses? Creo que tenemos la capacidad de hacerlo, si dejamos de lado los temas partidarios y políticos, los intereses particulares y adoptamos como eje en la discusión el bienestar de la mayoría de los costarricenses.
El autor es abogado.