En El Salvador, pandilleros serán procesados en grupos de hasta 900 personas
El Congreso aprobó un decreto para enfrentar la violencia criminal, pero surgen dudas sobre su impacto en los derechos y la eficacia de la justicia
San Salvador. El Congreso de El Salvador aprobó una disposición que permitirá que los presuntos pandilleros detenidos sean procesados colectivamente, enfrentando un mismo juicio. El decreto, aprobado este miércoles, establece que aquellos imputados pertenecientes a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita, y que fueron capturados desde marzo de 2022 durante el régimen de excepción, serán sometidos a un solo proceso penal.
Gustavo Villatoro, Ministro de Seguridad, afirmó que es una situación sin precedentes en la historia mundial, ya que se presentarán más de 900 imputaciones por célula.
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Según explicó Guillermo Gallegos, vicepresidente del Congreso, esta medida evitará que la Fiscalía tenga que presentar pruebas individuales contra cada pandillero en un proceso judicial penal, facilitando así el enjuiciamiento de los delincuentes.
La Fiscalía podrá utilizar los mismos elementos de prueba en un proceso judicial cuando los pandilleros pertenezcan a una misma célula, operen en la misma zona geográfica o hayan participado en un mismo hecho delictivo.
La norma, que surgió de una iniciativa propuesta por el presidente Nayib Bukele, fue aprobada con los votos de 67 diputados aliados del mandatario, de un total de 84 que conforman la Asamblea Legislativa.
Además, la disposición transitoria también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer en prisión hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio o decida su liberación.
El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue instaurado en marzo de 2022 tras una ola de violencia que dejó 87 muertos y fue atribuida por el gobierno a pandillas o maras.
La estrategia de Bukele para combatir la violencia recibió amplio apoyo ciudadano, pero también fue criticada por la Iglesia católica, organizaciones de derechos humanos y parte de la comunidad internacional.
Recientemente, el presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó la estrategia de abordaje enfocada en medidas extremas y no en temas de fondo. Sin embargo, Bukele respondió afirmando que su gobierno puede implementar tanto la prevención como la represión directa del delito, y cuestionó el sentido común del mandatario chileno.
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Este miércoles, el Congreso también realizó una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, aumentando las penas a hasta 60 años de prisión para los “autores mediatos” de un crimen, principalmente dirigida a los líderes o cabecillas de pandillas que ordenan crímenes en dichos grupos.
El régimen de excepción, junto con la construcción de una megacárcel para 40.000 presos, ha sido respaldado por la mayoría de los salvadoreños según las encuestas, mientras el presidente Bukele aspira a ser reelegido en los comicios de 2024.
