MEP sigue sin recibirle más de 50.000 computadoras y vehículos a Fundación Omar Dengo
Carros, equipos informáticos, servidores e impresoras son algunos de los equipos que la FOD intenta devolver; MEP no los admite aunque rompió convenio desde hace dos meses
El Ministerio de Educación Pública (MEP) aún no recibe a la Fundación Omar Dengo (FOD) los 50.193 activos que la organización intenta devolver, debido a que desde el 6 de mayo no existe convenio con la institución. Se trata de vehículos y equipos informáticos valorados en ¢12.485 millones.
Desde el 27 de junio, la FOD solicitó al Ministerio que retirara los bienes, pero a la fecha sigue sin concretarlo.
Según declaró la Fundación a este medio, la situación demuestra que la decisión de finalizar el convenio tomada por la ministra Anna Katharina Müller, se realizó sin ningún tipo de conocimiento de las consecuencias e impacto tanto para los estudiantes como para el propio MEP.
Desde el 18 de julio, La Nación consultó al MEP sobre la recepción de los bienes, el sitio de almacenamiento y su futura utilización, sin embargo, al momento de publicación de esta nota no se había recibido respuesta.
De acuerdo con Leda Muñoz, directora ejecutiva de la FOD, la ruptura sin una transición ordenada, paulatina y acorde con las dimensiones de la educación informática para niños y jóvenes en el país, podría generar una suspensión del servicio público y afectar directamente a los menores.
“La FOD consideraba que, ante un rompimiento súbito del convenio, el MEP no tendría los elementos logísticos, presupuestarios ni técnicos para encargarse de las funciones que por ley le fueron encomendadas a la FOD”, indicó la representante.
Entre los activos almacenados y listos para entregar hay carros, computadoras, servidores, unidades de almacenamiento, equipos de red y comunicación inalámbrica, monitores, proyectores, impresoras y UPS. También hay 164.814 artículos que corresponden a diversos accesorios de equipo de cómputo como audífonos, ratones de computadora (mouse), maletines y más.
La FOD manejaba estos aparatos según el plan anual operativo previsto para el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie), aunque se consideraba instalarlos durante este año en los centros educativos, con el fin de darle la oportunidad a niños y jóvenes de sacarles más provecho.
La ministra y la mayoría de miembros del Consejo Superior de Educación (CSE) decidieron romper con la FOD bajo el argumento de que no iba en concordancia con la llamada Ruta de la Educación, un plan presentado en febrero cuya metodología, cronograma y financiamiento todavía se desconocen.
Además, las autoridades educativas detallaron el día del anuncio que, en más de dos décadas se le desembolsaron a la FOD ¢227.000 millones para la ejecución del Pronie y pagaban más de ¢24.000 millones al año en docentes y asesores.
La intención de la jerarca es implementar a partir de 2024 una nueva estrategia de enseñanza de informática, una vez que sea aprobada por el CSE. Dicha estrategia estará a cargo de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE) en coordinación con otros despachos del MEP.
Lo único que la cartera adelantó es que existe una malla curricular, “cuyo eje transversal es el desarrollo del pensamiento computacional para la resolución de problemas mediante el uso de las tecnologías digitales, que abarque primera infancia, primero, segundo y tercer ciclo y educación diversificada”.
Por el momento, desde mayo hasta diciembre de 2023, el MEP debe llevar a cabo un programa de reforzamiento y nivelación intensivos en formación tecnológica, utilizando para ello los espacios asignados a una lección de Español y a una de Matemáticas por semana.
En vía judicial
La FOD, por su parte, aseguró que el Pronie benefició a más de 2,3 millones de estudiantes de todo el país y ha insistido en que sus puertas se “encuentran abiertas”.
De hecho, la Fundación acudió a la vía judicial en su intento de mantener el vínculo con el MEP.
En mayo presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, pero en ese mismo mes, los magistrados declararon sin lugar la gestión al considerar que se trata de un asunto de “control de legalidad” y no de orden constitucional.
La organización llevó el caso a la vía contencioso administrativa. Actualmente, están a la espera de la resolución de medidas cautelares.