Costa Rica en alerta por masiva llegada de prestamistas gota a gota desde El Salvador
En entrevista con ‘La Nación’, el ministro de Seguridad reveló detalles de la situación que se atiende desde el pasado 26 de julio por la posible entrada de supuestos criminales
Desde hace dos semanas el país se encuentra en alerta por una posible llegada masiva de prestamistas gota a gota desde El Salvador. En entrevista con La Nación, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, detalló que mantienen vigilancia en las fronteras terrestres y terminales aéreas con una lista de 250 sospechosos que suministró ese país, con el fin de detenerlos e impedir su ingreso.
El pasado 26 de julio, Zamora anunció que El Salvador dio un plazo de 72 horas para que personas que estaban relacionadas con estos préstamos abandonaran esa nación. Se presume que muchos de esos sujetos se dirigieron a territorio costarricense, por lo que las autoridades activaron dicha alerta migratoria.
Los préstamos informales se han vuelto una epidemia en Costa Rica y aunque se concentran en la Gran Área Metropolitana (GAM), el ministro destacó que últimamente ha aumentado su impacto en las zonas rurales. A su consideración, el principal detonante es la alta informalidad laboral que existe en el país, la cual provoca que muchas personas no reúnan los requisitos necesarios para acceder a un crédito formal.
“Obviamente esta gente se aprovecha de esa circunstancia para ofrecer préstamos que en apariencia son inofensivos, pero al final generan una especie de esclavitud porque con los intereses tan altos que ponen, los deudores nunca van a salir del pago. Incluso cuando las personas intentan cancelar todo el préstamo en un pago, ellos no lo aceptan, en muchos de los casos”, describió Zamora sobre el modus operandi de estos prestamistas.
Según el ministro, estos créditos funcionan similar a los contratos de trata de personas, en donde a alguien le ofrecen llevarle a otro país y cada trayecto “van diciéndole: ‘esto iba a costar tal cosa, pero costó tres veces más’. Al final lo paran a usted a mitad del trayecto y le dicen: ‘usted ya nos debe en este momento $100.000, no vamos a seguir llevándolo más en la ruta, usted tiene que trabajar para nosotros’”.
Zamora apuntó que la situación se ha vuelto dramática. “Hay casos de personas que se han suicidado tratando de escapar de la presión de estas bandas y de las amenazas que constantemente hacen”.
El jerarca explicó que la mayoría de cobros se hacen en dinero en efectivo para evitar la trazabilidad y que lo común es que los sujetos lleguen a las casas de los deudores a recoger lo que les adeudan; sin embargo, dijo que también es probable que haya ‘chinamos’ (como en los alrededores de la terminal de buses de la Coca Cola, en San José) y puestos de lotería ilegal donde los delincuentes les dicen a los deudores que lleguen a dejar el dinero.
Urge legislación
Para el ministro, las principales dificultades para responder a este problema es que obviamente muchas víctimas no denuncian por temor a represalias, y si lo hacen, como la práctica no está tipificada como delito, la mayoría de casos se abordan como amenaza, la cual es solo una contravención, “tema menor”.
Aunque este ilícito se ve en el país desde hace años, fue hasta febrero anterior que se presentó un proyecto de ley para castigarlo, por parte de la diputada Gloria Navas, del Partido Nueva República (PNR).
El plan propone sanciones para los cobradores que utilicen intimidación, amenazas graves, privación de libertad o lesiones. Estos cobradores enfrentarían penas de tres años a 10 años de prisión y si el cobro es realizado por una estructura de crimen organizado, la pena se elevaría de cuatro a 12 años de cárcel.
Además, el pasado 7 de agosto Daniela Rojas, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó otra iniciativa que pide al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) intervenir las comunicaciones telefónicas en las extorsiones que aplican los prestamistas al momento de cobrar a los deudores.
Migración desde El Salvador
Según informó la agencia de noticias AFP, el 18 de julio pasado, el Gobierno de El Salvador anunció la detención de aproximadamente 110 personas, en su mayoría colombianos, acusados de formar parte de una red dedicada al lavado de dinero y estafas a miles de ciudadanos en aquel país.
Según el fiscal general, Rodolfo Delgado, se confirmó la existencia de una organización criminal compuesta principalmente por ciudadanos colombianos que ingresaron al país en diferentes momentos bajo la apariencia de turistas. Estos individuos ofrecían créditos sin contar con el registro correspondiente en la Superintendencia del Sistema Financiero.
El modus operandi consistía en ofrecer créditos con un interés del 20%, y aquellos que no podían pagar eran amenazados o se les usurpaba su identidad para utilizar sus cuentas bancarias o tarjetas de débito y enviar el dinero al exterior.
Dos días después, El Tiempo de Colombia reseñó declaraciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en las que conminó a los supuestos extorsionistas colombianos a salir del país. ”El reloj corre, todos los falsos turistas, miembros de esta estructura de extorsión y lavado de dinero, aprovechen y salgan rápido de nuestro país”, aseguró el mandatario a través de su cuenta de Twitter.