Corte de Ecuador considera ‘ilegal’ captura de exvicepresidente en embajada mexicana
Jorge Glas fue detenido durante un asalto a la embajada de México en Quito el pasado 5 de abril
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador (CNJ) consideró este viernes “ilegal y arbitraria” la captura del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas durante un asalto a la embajada de México en Quito, pero el exfuncionario seguirá preso por condenas pendientes, anunció el tribunal.
Glas, cuyo arresto hace una semana llevó a México a romper relaciones con Ecuador, buscaba obtener su libertad a través de un recurso de habeas corpus, con el que también pretendía que la justicia declarara ilegal su detención.
Durante la audiencia para resolver la solicitud, que se inició el jueves, la CNJ determinó la ilegalidad y arbitrariedad del arresto del exvicepresidente (2013-2017) por supuesto peculado.
La captura de Glas ocurrió la noche del 5 de abril, horas después de que México le concediera asilo político.
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La corte juzgó la ilegalidad de la detención al considerar que no hubo orden de allanamiento para ingresar a la sede diplomática. A raíz del asalto, México pidió suspender a Ecuador de la ONU, en una demanda presentada el jueves ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
Pero el máximo tribunal ecuatoriano determinó al mismo tiempo que Glas debe seguir en una cárcel de alta seguridad de Guayaquil (suroeste) por condenas que tiene pendientes en otros dos casos de corrupción.
“Persecución política”
El consultor jurídico de la cancillería mexicana, Alejandro Celorio, dijo que su país ve con “optimismo” la decisión judicial, pues “confirma” que Glas “enfrentaba una persecución política”.
“Seguramente el otorgamiento de otras medidas cautelares como las solicitadas por Colombia” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del exfuncionario ratificarán que éste es un perseguido político, añadió Celorio en entrevista con la AFP.
Glas se refugió en la embajada mexicana en diciembre pasado, antes de que la justicia le dictara orden de prisión por supuesto peculado en el manejo de fondos para la reconstrucción de poblados devastados por un terremoto en 2016, un proceso en curso.
Quito había solicitado autorización para ingresar a la sede diplomática y detenerlo, pero la negativa de México y unos comentarios de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, derivaron en la expulsión de la embajadora Raquel Serur y horas después en la incursión armada.
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Unos cincuenta simpatizantes del exvicepresidente celebraron ruidosamente en las afueras de la CNJ la decisión de considerar “ilegal” su captura.
Glas debía cumplir ocho años de prisión por condenas previas en dos casos de corrupción. Sin embargo, salió de la cárcel en 2022 tras una cuestionada medida cautelar, luego de estar cinco años preso, y debía presentarse periódicamente ante la autoridad.
En uno de los casos por cohecho fue condenado en 2020 junto al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), de quien fue vicepresidente.
El gobernante, quien vive en Bélgica desde que dejó el poder, fue juzgado en ausencia y afronta una orden de detención.
“No hay confianza”
En tanto, Celorio amplió la denuncia sobre una supuesta intervención de las comunicaciones de la embajada mexicana por parte de autoridades ecuatorianas, previo al operativo policial en el que fue agredido el diplomático Roberto Canseco.
El consultor explicó a la AFP que en el escrito dirigido a la CIJ se incluyó la foto de una tanqueta que presuntamente es utilizada por “fuerzas de seguridad de Ecuador (...) para intervenir o bloquear las comunicaciones”.
“No es un hecho que sea espionaje”, matizó el asesor, quien refirió que durante la incursión el personal diplomático intentó comunicarse con la embajadora, pero “la señal no funcionaba”.
Según Celorio, México prepara un documento para la CIJ en el que detallará las múltiples violaciones que a su juicio cometió Ecuador.
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Quito justifica el asalto alegando que el asilo a Glas es ilícito, pues el exdignatario tiene condenas en firme por delitos comunes.
Pero México insiste en que, según la Convención de Caracas, “es prerrogativa del Estado que otorga el asilo determinar la naturaleza de la acusación”.
En su demanda ante la CIJ, el gobierno mexicano también pide medidas provisionales para que Ecuador se comprometa a salvaguardar la integridad de la embajada y las residencias de los diplomáticos que ya regresaron a México con sus familias.
Esta protección es necesaria porque “fácilmente así como se metieron hace ocho días por Glas, se podrían meter hoy a sacar los archivos o a buscar si se quedó un celular o a destruir las cosas”, apuntó el consejero, quien subrayó que “no hay confianza” en el gobierno ecuatoriano.