Editorial: Continuidad en la República Dominicana
Pese al abstencionismo, la reelección del presidente Abinader es una clara señal de apoyo a su gestión.
De manera contundente, la República Dominicana optó el domingo por la continuidad. Su Constitución autoriza una reelección consecutiva, y el 57,45 % de los votantes decidieron otorgársela al presidente Luis Abinader, según datos divulgados ayer en la tarde por la Junta Central Electoral, tras computarse el 99,45 % de las papeletas. Además, todo indica que su Partido Revolucionario Moderno (PRM) tendrá mayoría en el Congreso bicameral.
El expresidente Leonel Fernández, quien se postuló por la agrupación Fuerza del Pueblo, obtuvo el 28,85 % del respaldo. Le siguió Roque Espaillat, del tradicional Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con el 10,39 %. Cuando a pocas horas de cerrarse las urnas la tendencia ya era clara, ambos candidatos opositores llamaron al triunfador para felicitarlo. Esto es señal de la normalidad con que se desarrollaron los comicios y también refleja la madurez que ha alcanzado la democracia en ese país caribeño de casi 11 millones de habitantes.
Sin embargo, sus líderes políticos e institucionales deben tomar en cuenta un dato preocupante: el abstencionismo llegó al 45,55 %. Tan alta cifra revela que un amplio grupo de ciudadanos se ha alejado de la participación electoral, lo que, a su vez, puede indicar un desencanto con los procesos democráticos. A esto se une el retroceso del PLD, uno de los dos grandes partidos históricos del país, en el que había militado Leonel Fernández, y el virtual colapso del otro, el Partido de la Revolución Dominicana (PRD), del que se desprendió hace años el PRM.
Lo anterior, sin embargo, no empaña el notable éxito electoral de Abinader, producto, a la vez, de un alto grado de satisfacción por el desempeño de su gestión. Durante sus cuatro años de gobierno, realizó un manejo competente de la crisis generada por la covid-19, mantuvo las tendencias de crecimiento del país, amplió las reformas estructurales emprendidas en la década de los 90 para modernizar la economía, se preocupó por afianzar el Estado de derecho y tomó eficaces medidas para combatir la corrupción.
En estos aspectos, la República Dominicana es un claro caso de éxito. Durante las últimas cuatro décadas, su producto interno bruto (PIB) ha tenido un 5 % de crecimiento anual promedio, mejor que ningún otro país del hemisferio. El año pasado, debido a un incremento en las tasas de interés para combatir la inflación, fue del 2,4 %, pero la más reciente previsión del Fondo Monetario Internacional es que al cierre del presente llegará al 5,4 %, sin duda ejemplar. La economía ha continuado su proceso de diversificación, la inversión extranjera directa alcanzó $4.300 millones en el 2023 y los ingresos por turismo, remesas y exportaciones de bienes y otros servicios mantienen un saludable dinamismo. Como consecuencia de lo anterior, el ingreso promedio de la población ha mejorado de manera paulatina.
En medio de estas mejoras tangibles, el gobierno ha debido lidiar con un grave problema: la masiva presión migratoria desde Haití, su atribulado vecino. Ninguna estrategia puede ser perfecta ante un fenómeno de tal magnitud, pero la férrea política adoptada por Abinader ha incurrido en frecuentes y censurables violaciones a los derechos humanos, entre ellas las deportaciones masivas, que de 154.000 en el 2023 saltaron a 250.000 el año pasado. Esta rigidez, sin embargo, junto con la construcción de un muro de 164 kilómetros a lo largo de la frontera, es una de las principales razones que explican su popularidad.
El país afronta otros desafíos. Según el Banco Mundial, los fenómenos naturales han intensificado su exposición a desastres naturales, la inseguridad ha aumentado, los empleos de calidad no han crecido lo suficiente y casi un 40 % de la población vive en condiciones vulnerables, aunque la pobreza ha mostrado una tendencia sostenida hacia su reducción.
En su primer período, Abinader y su equipo, aunque con falencias, demostraron competencia para impulsar las ventajas del país y convertirlas en instrumentos para avanzar en la atención de los grandes retos, tanto agudos como crónicos. Lo hicieron con respeto a las normas y procesos democráticos. Si mantienen esa ruta y prestan más atención a las necesidades sociales, el saldo de bienestar será apreciable.
