González-Trevijano se pone al frente de un Constitucional dividido y lleno de incertidumbres

El Tribunal Constitucional encara un mandato corto del magistrado conservador Pedro González-Trevijano. El nuevo presidente del tribunal de garantías tiene de fecha hasta el 12 de junio de 2022 para gestionar asuntos tan espinosos como los recursos contra la ley del aborto, la Ley de Protección de la Infancia o la 'Ley Celaá' de Educación con un pleno parcialmente renovado, incapaz de alcanzar la unanimidad en asuntos de máxima relevancia pública y con la duda de si habrá una nueva renovación en plazo. No está claro que el Gobierno pueda nombrar a los dos magistrados que dependen de su criterio por el atasco de renovaciones que empieza en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que puede suponer un tapón en el Tribunal Constitucional.

De puertas para adentro, el primer reto de González-Trevijano será apaciguar las aguas en el propio pleno. El último año ha llevado al Constitucional asuntos de tanta relevancia como los dos estados de alarma, la Ley de Seguridad Ciudadana, la prisión permanente revisable o las condenas a los líderes del procés independentista catalán. Asuntos que han sido sentenciados sin unanimidad, con gran cantidad de votos particulares y en algunos casos con profundas divisiones en el seno del tribunal de garantías.

Reducir esas distensiones y acercarse un poco más a la unanimidad en asuntos tan trascendentes es uno de los objetivos del nuevo presidente. Lo cierto es que va a tener varias oportunidades en los próximos meses con asuntos de gran trascendencia social. Uno de ellos será el recurso del Partido Popular interpuesto hace más de una década contra la ley del aborto: el ponente original, Andrés Ollero, ha dejado el tribunal y su cartera de asuntos ha sido asumida por Enrique Arnaldo Alcubilla, el candidato que más polémica ha levantado en las últimas semanas.

Los magistrados también tienen deliberaciones relevantes en el cajón. La ponencia sobre el recurso de Vox contra la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) conocida como 'Ley Celaá' propone que el Gobierno esté obligado a sufragar los colegios que separan por sexos a los niños. También tiene que estudiar el recurso de la formación ultraderechista contra la Ley de Protección de la Infancia bautizada como 'Ley Rhodes', y los de Vox y PP contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial, entre otros. Esta última es la reforma que impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos mientras se encuentre en funciones.

La división en el seno del tribunal ha generado malestar en el pleno, donde algunos miembros consideran que la ausencia de unanimidad al interpretar la Constitución se traduce en inseguridad, por ejemplo, a la hora de saber cómo hacer frente a la pandemia. Otra de las incomodidades en el tribunal no está en manos del nuevo presidente: se trata de la desazón por el efecto que la contienda política y el proceso de renovación están teniendo en la imagen del Tribunal Constitucional que perciben los ciudadanos. El intercambio de cromos entre PP y PSOE para desbloquear la negociación, con perfiles tan marcados como el de Enrique Arnaldo, ha constituido uno de los acuerdos más polémicos de las últimas décadas en cuanto a la renovación de este organismo.

Otro de los retos de González-Trevijano será lidiar, precisamente, con la presencia de Enrique Arnaldo Alcubilla. Su nombramiento a propuesta del Partido Popular se ha convertido en un asunto que ha dividido incluso a los partidos que no les proponen, como PSOE y Unidas Podemos. Pocas veces un diputado de una formación política se había referido a un candidato pactado como "trágala", como hizo Odón Elorza en la comisión de nombramientos del Congreso. Su presencia, aunque sin imputación, en sumarios de corrupción vinculados al PP como Lezo o Palma Arena convierten al nuevo magistrado en un foco constante de polémica. Su llegada al pleno ha venido acompañada del voto en contra de uno de sus compañeros y su aterrizaje ha venido acompañado de la absorción, entre otros asuntos, del recurso del PP de la Ley del Aborto.

Entre polémicas y divisiones también habrá hueco para la incertidumbre por el mandato de Pedro González-Trevijano, empezando por su duración. El antiguo rector de la Universidad Rey Juan Carlos tiene hasta el 12 de junio de 2022 para ejercer su labor, el día en que vence su tiempo como magistrado del Constitucional. El suyo es, además, un puesto que no depende en teoría de negociaciones en el Congreso o el Senado, al haber sido nombrado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. La duda es si para entonces estará renovado el Consejo General del Poder Judicial y si el Gobierno podrá designar sus dos magistrados sin esperar al órgano de gobierno de los jueces.

En junio de 2022 hay cuatro renovaciones programadas de tres magistrados conservadores y uno progresista nombrados hace nueve años por el Gobierno -González-Trevijano y Antonio Narváez- y por el Consejo General del Poder Judicial -Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares-. Una renovación de esos cuatro nombres bajo el actual escenario político invertiría los equilibrios dentro del Constitucional.

La duda que recorre estos días el tribunal de garantías es si eso será posible en caso de mantenerse el bloqueo del Partido Popular a renovar el CGPJ. La última reforma deja fuera de las funciones de un Consejo con el mandato caducado hacer nombramientos, y en Marqués de la Ensenada interpretan que eso alcanza a los nombramientos del Constitucional. Esa consecuencia del bloqueo lleva a otra incógnita: si el Gobierno puede actualizar sus dos magistrados por separado. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que las renovaciones deben hacerse "por terceras partes cada tres" años. Es decir, en tandas de cuatro magistrados. Si el CGPJ no puede hacerlo, queda la duda de si el Gobierno podrá hacerlo por su cuenta.

Es una situación que enrarece el ambiente en los altos tribunales y el Consejo. Tanto es así que el día de la toma de posesión de los nuevos magistrados, fuentes del CGPJ daban por hecho que el acuerdo estaría cerrado en cuestión de días. La frase era pronunciada a pocos metros de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, que encabeza las negociaciones con el Partido Popular. El Ejecutivo no tardaba en enfriar esas expectativas.

El nuevo Tribunal Constitucional tiene, por tanto, medio año intenso por delante con grandes asuntos encima de la mesa y con muchas asignaturas pendientes en la lista de su nuevo presidente. Un presidente que fue el ponente de la sentencia que más división ha causado en la historia reciente del Tribunal Constitucional: la que declaró ilegal el confinamiento del primer estado de alarma y que salió adelante con 6 votos a favor y 5 en contra para terminar dando la razón, una vez más, al partido ultraderechista Vox.