Combatir la delincuencia usando la economía
Gary Becker, premio nobel de ciencias económicas en 1992, fue reconocido por su contribución a la expansión del análisis económico a comportamientos humanos tradicionalmente estudiados por otras ciencias sociales, tales como el crimen, la discriminación y las dinámicas familiares.
Su trabajo Crimen y castigo: un enfoque económico (1968) transformó radicalmente nuestra comprensión del comportamiento criminal. El postulado central propone que los delincuentes no son simplemente individuos irracionales o moralmente deficientes, sino agentes que toman decisiones racionales basadas en un análisis de costos y beneficios.
Según Becker, la decisión de cometer un delito se fundamenta en tres variables principales: el beneficio potencial del acto, la probabilidad de ser detectado y arrestado, y la severidad del castigo esperado. La innovación fundamental de Becker fue demostrar que los criminales responden a incentivos económicos de manera similar a los agentes en mercados legales.
Cuando un individuo contempla cometer un delito, realiza inconscientemente este cálculo económico: compara los beneficios potenciales del acto ilícito con sus costos esperados, que incluyen no solo la posible sanción legal, sino también el costo de oportunidad o los ingresos que obtendría en actividades legítimas.
La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas sobre la eficacia de los incentivos económicos en la prevención del crimen. En Medellín, Colombia, la transformación de comunidades anteriormente controladas por el narcotráfico fue posible mediante una combinación de intervenciones urbanas y programas de desarrollo económico.
El Proyecto Urbano Integral en la Comuna 13 mejoró la infraestructura física y creó oportunidades económicas legales para jóvenes en riesgo. La instalación de escaleras eléctricas para conectar los barrios anteriormente aislados se complementó con programas de emprendimiento y capacitación. El resultado fue una reducción del 80% en la tasa de homicidios entre 2002 y 2015.
En Brasil, el programa Bolsa Família demostró que los incentivos económicos tienen efectos significativos en la prevención del crimen. Un estudio de 2019 encontró que los municipios que acogieron el programa experimentaron una reducción del 21% en los delitos contra la propiedad. El programa proporcionó transferencias monetarias condicionadas a la permanencia escolar y la capacitación laboral de los jóvenes.
En Ruanda, el programa de modernización agrícola iniciado en 2007 transformó comunidades rurales propensas al conflicto en centros de producción agrícola modernos. La introducción de cultivos de alto valor, como el café especial y las flores, junto con la creación de cooperativas y el acceso a mercados internacionales, redujo significativamente la participación juvenil en actividades ilegales.
En las zonas rurales de Costa Rica se observa un preocupante aumento en actividades ilícitas, especialmente entre jóvenes. Las causas son estructurales: la actividad agrícola tradicional enfrenta presiones competitivas, hay escasez de empleos formales bien remunerados y poca diversificación económica. Mientras tanto, actividades como el narcotráfico y el contrabando brindan ganancias rápidas, especialmente donde la presencia estatal es escasa.
La experiencia internacional sugiere que Costa Rica necesita un enfoque multifacético adaptado a su realidad institucional y marco jurídico. La lucha contra el crimen debe complementarse con la promoción de actividades que tengan ventajas comparativas en las zonas rurales. El país necesita una propuesta integral que alinee los esfuerzos del Estado con el dinamismo del sector privado, elimine las trabas y cree mejores incentivos para las actividades económicas.
Cómo aplicar la economía en Costa Rica
El primer pilar de esta propuesta consiste en ampliar la Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (Ley 10234) de manera que se transforme en un régimen general de incentivos para las zonas rurales.
Impuestos
Este régimen debería incluir la exención del impuesto sobre la renta para nuevas empresas, la eliminación de patentes y otras cargas municipales, y la exención del impuesto sobre el valor agregado y aranceles a la importación de equipos e insumos para emprendimientos rurales.
Su carácter general y no discriminatorio aseguraría que cumpla con los compromisos adquiridos con la Organización Mundial del Comercio.
Seguridad social
El segundo pilar es la modernización del régimen de seguridad social. Las contribuciones a la Caja Costarricense de Seguro Social deberán reestructurarse mediante un sistema escalonado para empresas rurales.
Este sistema debería complementarse con categorías especiales de aseguramiento para trabajadores estacionales y un programa de primer empleo con cargas sociales reducidas. El Estado crearía un sistema de copago de cargas sociales para empresas que contraten jóvenes en situación de riesgo social.
Agricultura
El tercer elemento es la creación de un centro para la promoción de la agricultura, especializado en el desarrollo agrícola y comercial, de carácter privado. Esta entidad se enfocaría en la identificación y desarrollo de nuevos productos y mercados internacionales mediante el escalamiento del Programa Descubre, la colaboración para la incorporación de atributos ambientales y sociales diferenciadores y la facilitación de trámites.
Su papel incluiría la coordinación de la asistencia técnica, la difusión de buenas prácticas, el enlace con programas de financiamiento y la promoción de clústeres.
Educación
La vinculación académica constituye el cuarto pilar de mi propuesta. En estrecha colaboración con el centro de promoción de la agricultura, las universidades y el INA deberían establecer centros de investigación y desarrollo agrícola en las zonas rurales, programas de extensión e incubadoras de empresas con apoyo técnico especializado.
La investigación aplicada a cultivos de alto valor y técnicas de producción sostenibles debería ser una prioridad. El financiamiento debería provenir del Fondo para la Educación Superior Estatal (FEES) y hacerse por concurso, premiando las mejores iniciativas y ampliando su aplicación a las universidades privadas.
Rentabilidad de lo legal
El legado de Becker en la comprensión económica del crimen es una hoja de ruta clara. Su teoría, respaldada por el Premio Nobel y décadas de evidencia empírica, demuestra que el comportamiento criminal responde a incentivos económicos de manera predecible y sistemática.
Para Costa Rica, esto significa que una solución al problema de la delincuencia rural no se basaría solo en medidas punitivas y la construcción de cárceles o el reforzamiento de la policía, sino en la creación de oportunidades económicas viables y atractivas.
La propuesta requiere una inversión inicial significativa de todas las partes. Sin embargo, el costo de no actuar es mucho mayor, tanto en términos económicos como sociales.
La experiencia internacional demuestra que, cuando se combinan incentivos económicos significativos con apoyo institucional robusto, las comunidades se transforman. Al hacer que la legalidad sea económicamente atractiva y proporcionar el apoyo institucional necesario, Costa Rica podrá revertir la tendencia actual y crear comunidades rurales prósperas y seguras.
Víctor Umaña es economista agrícola. Realizó sus estudios de posgrado en Economía Política Internacional en la Universidad de Berna y el ETH de Zúrich, Suiza. Es consultor internacional en comercio internacional, competitividad y desarrollo sostenible.
