La Consejería de Educación entregó este viernes a las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial (CSIF, Stecyl-i, Anpe, UGT y CCOO) su propuesta de Oferta de Empleo Pública de 2025, que prevé 320 plazas al Cuerpo de Maestros; 818, al de Secundaria y otros cuerpos; y 1.000 para el de Catedráticos de Enseñanza Secundaria. Según detalló en un comunicado, las plazas deben convocarse en un plazo máximo de tres años, que se generan tras las jubilaciones y bajas en el sistema. La Junta explicó que la cifra de 2.138 plazas es la máxima permitida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. En cuanto a la convocatoria para acceder al cuerpo de Catedráticos está dirigida al profesorado de Secundaria que aspire a alcanzar el máximo nivel profesional dentro de la carrera docente. Para poder acceder a una de estas plazas es necesario acreditar una antigüedad mínima de ocho años como funcionario de carrera y tener destino en la Comunidad. En Castilla y León, la última oportunidad que tuvieron de acceder a la condición de catedráticos fue en 2019. Por ello ayer CSIF, sindicato mayoritario en educación, mostró su satisfacción por la «histórica» y «muy positiva» oferta tras la «exigua» convocatoria anterior. Recordó que la organización viene reivindicando, desde hace años, que se planifiquen oposiciones al Cuerpo de Catedráticos para llegar, por lo menos. al 30% que han establecido las sucesivas leyes educativas. En paralelo, reclamó que el proceso sea trasparente, «con una baremación justa en la que todos los docentes puedan participar en igualdad de condiciones». CSIF apostó por sacar más convocatorias a cátedras, por lo que la oferta de un millar de plazas no es el «final del camino» sino el inicio de un proceso de ampliación y consolidación del Cuerpo. La oferta, no obstante, no ha sido del agrado de todas las organizaciones sindicales. Para STECyL, con la propuesta de la Junta «no se reduce la temporalidad como marca la ley». Además, para este sindicato, la propuesta referida a los puestos de catedráticos «divide y jerarquiza más al colectivo docente» y «no mejora la estabilidad de los centros ni sus plantillas».
