Peajes ‘free flow’ en Costa Rica: Ruta San José-San Ramón sería la primera con cámaras de largo alcance, visión nocturna y ningún punto ciego
La carretera entre San José y San Ramón sería la primera en disponer de los peajes bajo la modalidad free flow, una vez que se complete la ampliación cuyo cartel se publicó la semana pasada.
Ese sistema funciona mediante arcos de cobro automáticos que realizan el débito a través de stickers o en el mismo pago del marchamo digital, para evitar que los vehículos tengan que detenerse al pasar por las estaciones.
Según las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones, las empresas que se hagan cargo de cada una de las secciones del proyecto, deberán desarrollar un Sistema de Gestión de Peajes que tenga como principal característica la reducción de la congestión vial.
El cartel establece que el contratista deberá dejar las previstas necesarias, como ductos para electricidad y comunicaciones, fundaciones para futuros pórticos y espacios para equipos para este mecanismo.
Además, las estaciones deberán diseñarse de manera que posteriormente puedan retirarse las islas y casetas y habilitar una calzada continúa con intervenciones menores.
Según el documento, esa transición dependerá de que entre en vigencia la normativa que permita implementar el sistema en Costa Rica.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, confirmó a este diario que, desde esa cartera, se ha venido impulsando un proyecto de ley que busca habilitar el pago sin agujas, por lo que se buscó que en el cartel se contemplaran todos los componentes de telecomunicaciones necesarios para implementar dicho sistema, una vez que la iniciativa se apruebe.
Cuatro peajes principales
El proyecto contempla cuatro plazas de peajes principales. Tres se ubicarán en el corredor de la ruta 1, una en la radial de Río Segundo y cuatro ramales.
En el cartel de licitación se establece que la principal plaza de peajes se ubicará sobre la autopista General Cañas, cerca de Los Arcos, donde se instalarán ocho carriles exclusivos de “telepeaje” (similares a los conocidos como quickpass) y diez multimodales, donde además deberá estar disponible el pago en efectivo y con tarjeta.
Adicionalmente, ahí se construirán oficinas administrativas y un centro de control de tránsito.
También habrá un peaje auxiliar o ramal en el conector Castella con dos carriles de telepeaje y tres multimodales, y uno en el sector sur de los Arcos, con dos carriles automatizados y dos multimodales.
El segundo peaje troncal se ubicaría en el Coyol sobre la carretera Bernardo Soto. Ahí se dispondrá de cuatro carriles exclusivos para telepeaje, cinco multimodales, y las oficinas administrativas.
En Grecia, la plaza principal tendrá dos carriles exclusivos para telepeaje y cuatro multimodales.
Se sumarán una estación auxiliar al norte, con un carril de cada modalidad, y otra al sur, con un único carril multimodal.
La plaza de Río Segundo tendrá dos carriles exclusivos para telepeaje y dos multimodales.
El recorrido completo de todo el corredor entre San José y San Ramón tendría un costo de de ¢1.523 por sentido para los vehículos livianos. Aunque el monto más alto se aplicará en el peaje de Grecia.
No obstante, el ministro advirtió que dicho monto contemplado en el anteproyecto, no está 100% definido sino que se trata de “aproximados”.
Cámaras para vigilar la carretera sin puntos ciegos
El cartel exige un sistema de cámaras que permita observar el estado del tránsito y apoyar la atención de accidentes, objetos o personas en la calzada y condiciones meteorológicas adversas.
Los operadores podrían utilizar las imágenes para verificar tanto los reportes de usuarios como las alertas generadas por otros dispositivos.
Las cámaras de vigilancia deberán ofrecer imágenes en color, giro horizontal de 360 grados y un alcance visual mínimo de 1,5 kilómetros.
El cartel también exige visión nocturna infrarroja o térmica y funcionamiento bajo condiciones climáticas adversas.
La cantidad de equipos deberá ajustarse para cubrir todo el corredor sin puntos ciegos, lo cual tendrá que demostrarse mediante un mapa tridimensional de cobertura.
Por separado, se contempla un sistema de cámaras que genere alertas automáticas ante accidentes, vehículos detenidos o en sentido contrario, congestión y personas en zonas restringidas
Los avisos llegarían al centro de control para que sus operadores evalúen la situación y activen la atención correspondiente.
Además, los conductores recibirían información mediante paneles de mensajería variable como pantallas LED capaces de mostrar textos y símbolos sobre las condiciones de la carretera.
Esos mensajes incluirían advertencias de accidentes, vehículos averiados, congestionamientos, lluvia, niebla, obras y carriles cerrados, similares a los que operan en la ruta 27.
También podrían informar tiempos de recorrido, recomendar cambios de carril o señalar rutas alternativas cuando haya una interrupción del tránsito.
El documento plantea colocar estos dispositivos antes de conexiones que permitan desviar vehículos y en las aproximaciones a zonas de riesgo, plazas de cobro y estaciones de pesaje.
Su ubicación definitiva dependerá del diseño, la visibilidad y el espacio disponible
Los Arcos también albergaría el centro encargado de concentrar las imágenes de las cámaras, los datos de tránsito y la información de los demás sistemas.
Desde allí se monitorearían las condiciones de circulación del corredor y de la radial de Río Segundo, con mecanismos de coordinación con el Consejo de Seguridad Vial y la Policía de Tránsito.
El documento exige preparar un protocolo con un tiempo máximo de cinco minutos para activar la respuesta ante un accidente mayor.
El equipamiento se complementaría con dispositivos para contar y clasificar vehículos, medir velocidades y detectar congestión; una estación meteorológica para registrar lluvia, viento, temperatura y visibilidad; postes de auxilio para comunicarse con el centro y sistemas de pesaje de vehículos en movimiento.
La ampliación de la vía a San Ramón se comenzaría a ejecutar mediante unidades funcionales en el segundo semestre del próximo año.
Estaría lista en un plazo máximo de seis años, aunque la intención es que se comiencen a habilitar las etapas conforme se vayan completando.