El «monumento a Franco» en Tenerife pende de un hilo político

La «cruzada» contra la obra de Juan de Ávalos no cesa en Santa Cruz de Tenerife, con los contendientes fijando posiciones en su disputa desde hace años. Mientras los detractores del llamado «monumento a Franco» insisten en devaluar la efigie del principal escultor del Valle de los Caídos, ubicada frente al mar en la capital tinerfeña, sus defensores esgrimen su mérito artístico, que la dejaría fuera de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Esta semana, la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico del Gobierno de Canarias ha rechazado su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en el marco del expediente incoado por el Cabildo de Tenerife para proteger el enclave.

El dictamen sobre el monumento se llevará al Consejo de Patrimonio Cultural del Ejecutivo canario sin voto a favor de la declaración. Hubo una abstención y el resto de miembros de este órgano consultivo votó en contra.

La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel (Aipphsa), que logró en su día la protección cautelar de la obra de Ávalos –depurado en 1942 por falta de confianza al no ser afecto al régimen–, asegura que el proceso para declarar o no BIC el conjunto aún «no ha concluido», pues el Consejo de Patrimonio tendrá la última palabra tras un informe que «era previsible», apuntan fuentes de la entidad. Si bien es verdad que no hay precedente de que este organismo se haya opuesto al informe de los técnicos, la asociación es optimista acerca de que haya un desenlace favorable.

"Varapalo"

Por contra, la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, ha celebrado el «varapalo» técnico de la iniciativa y expresado su «profunda satisfacción» ante el «contundente rechazo» de la ponencia del área del Ejecutivo regional. Tras esta decisión, insta al Cabildo y a las autoridades competentes a que se proceda de manera «inmediata» a la retirada del espacio público del emblema tinerfeño, asimilado por buena parte de la ciudadanía como un elemento del paisaje urbano desde 1966.

Luis Sosa-Tolosa del Valle, presidente de Aipphsa y también concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, deplora en una nota las noticias negativas «sobre un procedimiento que no ha concluido, aunque ya los talibanes están pidiendo la retirada y destrucción» del conjunto escultórico.

Recuerda que «esta obra, erigida para conmemorar los 25 años de paz, los 25 años del fin de la guerra, se llama “Monumento a la Paz de Tenerife”, que es el nombre que su autor le dio y así se refleja en el inventario de obras de la Fundación Juan de Ávalos».

El expediente para proteger la escultura, mediante la declaración de BIC en la categoría de monumento, fue incoado por el Cabildo de Tenerife en octubre de 2024, para cumplir una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 con fecha de 28 de junio de 2024, que dio la razón a la asociación San Miguel Arcángel, que exigía la preservación. Anteriormente, el catálogo de símbolos franquistas de Santa Cruz de Tenerife elaborado por el Ejecutivo canario –entonces en manos del PSOE con Ángel Víctor Torres como presidente–, establecía que el monumento, aparte de otros vestigios, debía ser retirado. Un catálogo que fue anulado por el actual Gobierno insular.

"Propiedad de todos los canarios"

El responsable de la asociación afirma que es «una obra incuestionable por su valor artístico y patrimonial, una escultura propiedad de todos los canarios. Y, como defensores de nuestro patrimonio, no podemos consentir que sea destruida por motivos infundados que son puramente ideológicos». «Nos resulta cuando menos extraño el pronunciamiento en el proceso de este grupo de “técnicos” que, salvo uno que se abstuvo, según lo publicado, consideran que una obra de Juan de Ávalos, el considerado mejor escultor español del siglo XX, no tiene relevancia artística».

«Queremos pensar», prosigue, «que el despropósito de esta valoración viene motivado por el miedo que suscita la imposición social y política de la aplicación de las leyes de memoria, pero las propias leyes de memoria no dicen que haya que quitarlo todo», sino «que si una obra posee valor artístico y en él no se aprecian elementos que exalten, confronten o menosprecien, esa obra no debe retirarse, sino conservarse y protegerse». Asegura además el presidente de Aipphsa que «la obra no posee ni simbología ni rótulos que contravengan las leyes de memoria».

Por todo ello, y con el respaldo de «informes de prestigiosos juristas» que lo avalan, «la asociación seguirá actuando por los cauces legales permitidos hasta las últimas consecuencias para defender el patrimonio de todos y conservar para las futuras generaciones este valioso tesoro cultural que nos fue legado», concluye.